Isabel Ciprian
Los 14 detenidos por su presunta participación en una red de corrupción que habría pagado más de RD$100 millones en sobornos para obtener contratos de seguridad en instituciones del Estado fueron presentados este jueves ante la jueza Fátima Veloz, del Distrito Nacional. Entre los arrestados figuran altos oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Durante la audiencia, los abogados defensores solicitaron más tiempo para analizar la solicitud de medida de coerción, un documento de aproximadamente 450 páginas respaldado por más de 500 pruebas presentadas por el Ministerio Público. En respuesta, la jueza aplazó la audiencia para el lunes 14 de julio a las 2:00 de la tarde.
Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la solidez del expediente y aseguró que las evidencias sustentan plenamente la petición de 18 meses de prisión preventiva para diez de los acusados. El equipo de fiscales estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
La Operación Lobo, como ha sido denominada, busca desmantelar una presunta estructura criminal conformada por militares, policías y civiles, que utilizaban sobornos para asegurarse contratos de servicios de seguridad privada y mantenimiento en instituciones públicas, incluyendo el INAIPI, SENASA y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La acusación incluye cargos por soborno, estafa al Estado, asociación de malhechores y lavado de activos, amparados en múltiples artículos del Código Penal Dominicano, la Constitución y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además, el Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los hechos y la cantidad de imputados.
La audiencia del próximo lunes será clave para definir si los acusados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre esta red que, según las autoridades, operó con impunidad durante años en perjuicio del patrimonio estatal.
Ana María Soto Gross
