Isabel Ciprian
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, aplazó la audiencia del juicio por los casos Coral y Coral 5G para el próximo 3 de noviembre, tras la presentación de una licencia médica de 45 días a favor del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, principal acusado en el entramado de corrupción.
Durante la audiencia de ayer lunes se esperaba concluir la incorporación de pruebas por parte de las defensas de los imputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que el Ministerio Público solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) conformar una junta médica para verificar la autenticidad y justificación del reposo otorgado a Cáceres Silvestre. Esto debido a que la licencia médica presentada carece de historial clínico y no especifica el procedimiento que motivó un descanso tan prolongado.
Las juezas del tribunal dispusieron reprogramar la audiencia y ordenaron a la defensa aportar la documentación médica pertinente al Ministerio Público.
El órgano acusador advirtió que la defensa del mayor general estaría intentando separar su expediente del juicio principal, justo cuando el proceso se acerca a su fase final. Desde el 29 de agosto, el Ministerio Público concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan su acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros miembros del presunto entramado.
Entre las evidencias presentadas figuran 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, además de 104 pruebas materiales, incluyendo armas de fuego, relojes de lujo, vehículos, inmuebles y dinero en efectivo.
La investigación también identificó 214 propiedades inmobiliarias, 86 vehículos de alta gama y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos superiores a RD$86 millones por concepto de alquileres y producción agrícola, recursos que el Ministerio Público reclama a favor del Estado.
De acuerdo con la acusación, Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), habría liderado una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas que, entre 2012 y 2020, desvió fondos públicos procedentes del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), causando un perjuicio superior a RD$4,500 millones al Estado dominicano.
Ana María Soto Gross
