Isabel Ciprian
Fue pospuesta para el próximo miércoles la audiencia en la que se determinarán las medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario tras el colapso del techo del establecimiento el pasado 8 de abril, que dejó un saldo de 235 muertos y más de 180 heridos.
Ambos imputados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Maribel Espaillat, visiblemente afectada y bajo medicación, llegó escoltada por agentes policiales. Su hermano Antonio fue devuelto a la celda del recinto tras conocerse el aplazamiento, cuya causa no fue revelada públicamente.
El Ministerio Público asegura que los hermanos Espaillat fueron previamente advertidos sobre el grave deterioro estructural del local, pero aun así continuaron permitiendo la realización de eventos, incluida la fiesta que terminó en tragedia. Por ello, ha solicitado prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel.
El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que ha quedado comprobada la intimidación a testigos por parte de los acusados, lo que agrava la situación y fortalece la solicitud de medidas coercitivas.
“La intimidación del testigo es un hecho, eso también está corroborado en el proceso”, enfatizó Camacho. “Este elemento representa un claro peligro procesal por parte de los imputados”.
El colapso del techo del establecimiento no solo dejó una cifra devastadora de víctimas, sino que también causó profundas secuelas sociales, entre ellas, más de 130 niños huérfanos.
“Niños que posiblemente antes del 8 de abril tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto porque dos personas prefirieron poner sobre la vida y la seguridad de sus clientes sus intereses personales”, expresó con firmeza el magistrado.
Camacho también aclaró que las querellas presentadas por los familiares de las víctimas ante el Ministerio Público tienen la misma calificación jurídica que la expuesta en la acusación formal.
Mientras tanto, la expectativa pública crece en torno a uno de los casos más trágicos y conmovedores de los últimos años en la República Dominicana, con una sociedad que exige justicia y respuestas claras frente a una tragedia que pudo haberse evitado.
Ana María Soto Gross
