El comunicador Ángel Martínez y la influencer Ingrid Jorge enfrentan medidas de coerción tras ser acusados de difamar a la ministra de la Presidencia, Faride Raful, por declaraciones difundidas en redes sociales.
El juez Raimundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, impuso a Martínez una garantía económica de 500 mil pesos bajo contrato, luego de que permaneciera detenido desde el martes por presunto desacato judicial. Las acusaciones en su contra se relacionan con expresiones que, según la parte querellante, constituyen “palabras impublicables”.
Durante la audiencia, Martínez ofreció disculpas públicas a la ministra, a su familia y a quienes pudieron sentirse ofendidos por sus comentarios. Posteriormente, divulgó un video en el que confirma haber expresado su arrepentimiento ante el tribunal.
Por otro lado, el Sexto Juzgado de la Instrucción, presidido por la jueza Yanibet Rivas, dictó medidas contra Ingrid Jorge, quien también habría realizado declaraciones difamatorias hacia Raful. Se le impuso el pago de 200 mil pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Previo a su audiencia, Jorge se disculpó públicamente a través de sus redes sociales, alegando que fue inducida a compartir información falsa. Esta postura fue valorada por el tribunal, que redujo la medida solicitada inicialmente por el Ministerio Público, el cual pedía una garantía económica de tres millones de pesos. Su defensa consideró la petición “desproporcionada”, señalando que la legislación vigente sobre difamación e injuria fija un máximo de un millón de pesos en indemnizaciones.
Faride Raful asistió personalmente a ambas audiencias, pero evitó hacer declaraciones a la prensa, dejando en manos de su abogado, Miguel Valerio, la vocería del caso.
La jueza Rivas concedió a Jorge un plazo de siete días para realizar el pago ordenado, advirtiendo que el incumplimiento conllevaría su arresto hasta tanto cumpla con la medida.
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