Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader comparecerá este viernes 27 de febrero ante la Asamblea Nacional para presentar su sexta rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto por la Constitución de la República.
La intervención está programada para las 10:00 de la mañana en el Congreso Nacional, coincidiendo con la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional. Será la segunda rendición de cuentas correspondiente a su actual mandato, luego de haber sido reelecto en los comicios presidenciales y congresuales celebrados el 20 de mayo de 2024.
Para la cobertura del acto, la Unidad de Prensa del Senado acreditó a 104 medios de comunicación: 28 canales de televisión, 51 plataformas digitales, ocho medios impresos, dos internacionales, siete emisoras radiales y dos revistas. Además, fueron autorizados 38 directores de prensa del Gobierno central.
Al acto han sido convocados los 222 legisladores que integran el Poder Legislativo —32 senadores y 190 diputados—, junto al cuerpo diplomático acreditado en el país. También asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo, titulares de instituciones estatales y organismos descentralizados, representantes empresariales y dirigentes de partidos políticos.
La alocución presidencial se desarrollará en un contexto de recientes desafíos nacionales. En los últimos tres meses se han producido dos apagones generales que generaron pérdidas económicas y reactivaron el debate sobre la estabilidad del sistema eléctrico. A ello se suma la controversia por supuestas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), situación que ha suscitado cuestionamientos sobre la administración y supervisión de recursos públicos.
Desde sectores de la oposición se ha insistido en que la rendición de cuentas debe ir más allá de la presentación de indicadores macroeconómicos y ofrecer explicaciones claras sobre los principales problemas que, según afirman, impactaron al país durante 2025.
Entre los temas señalados figura el caso Senasa, respecto al cual se reclama información sobre la existencia de investigaciones formales, la trazabilidad de los fondos y la posible realización de una auditoría forense independiente. Asimismo, se ha solicitado detallar los procesos de contrataciones públicas realizados mediante licitación abierta y el ahorro generado frente a los presupuestos estimados.
En relación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se demandan precisiones sobre los criterios técnicos y financieros aplicados en la adjudicación de contratos tecnológicos y de semaforización, así como sobre las medidas previstas para fortalecer los controles internos.
Otros puntos de interés incluyen el destino de los recursos provenientes del contrato de Aerodom, el aumento en el costo de la presa de Monte Grande y el monto administrado a través de fideicomisos públicos, junto con los mecanismos de supervisión tanto parlamentaria como ciudadana.
Además de las cuestiones de transparencia, distintos sectores han manifestado expectativas en torno a explicaciones sobre el costo de la vida, el desempeño del crecimiento económico y la estrategia del Estado frente a los desafíos estructurales.
La rendición de cuentas de este 27 de febrero se proyecta, de este modo, como un escenario determinante no solo para exponer resultados de gestión, sino también para responder a cuestionamientos en un contexto político que comienza a intensificarse de cara al próximo ciclo electoral.
