Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, cuestionó la decisión anunciada por el presidente Luis Abinader de instruir al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a constituirse en actor civil en el proceso judicial por el presunto desfalco a la institución.
Lorenzo afirmó que el mandatario no posee competencia legal ni constitucional para intervenir en decisiones propias del Sistema Dominicano de Seguridad Social, amparado en la Ley 87-01, señalando que SeNaSa es una entidad autónoma que no está sujeta a este tipo de disposiciones presidenciales.
“El presidente pretende distraer a la población con un anuncio que no le corresponde; ni la Constitución ni las leyes le otorgan esa autoridad”, sostuvo.
Llamado a los ciudadanos afectados
El dirigente político instó a los afiliados perjudicados por el supuesto desfalco estimado en más de RD$75 mil millones a constituirse en actores civiles. Aseguró que el PLD y su equipo jurídico están dispuestos a orientar y acompañar a quienes decidan emprender acciones legales tanto contra los responsables del fraude como contra SeNaSa, en calidad de sujeto obligado.
Lorenzo enfatizó que incluso familias que afirman haber perdido seres queridos por falta de servicios a pesar de estar aseguradas deberían sumarse a esta vía judicial.
La postura del Gobierno
El presidente Abinader informó recientemente que instruyó a SeNaSa a formar parte del proceso como actor civil para procurar la recuperación total del dinero supuestamente sustraído durante la gestión de Santiago Hazim. Aseguró que, tras recibir alertas de irregularidades, ordenó una investigación inmediata que derivó en la Operación Cobra.
Operación Cobra: avances de la investigación
La Operación Cobra ha dejado como resultado la detención del exdirector Santiago Hazim y otras siete personas: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El operativo, ejecutado por 25 fiscales y más de 200 agentes policiales, incluyó 12 allanamientos y continúa ampliando sus indagatorias con el propósito de judicializar a todos los implicados en un fraude que asciende a más de RD$75 mil millones.
Debate sobre competencia legal
La crítica de Yván Lorenzo reaviva el debate sobre los límites de la autoridad presidencial en materia de seguridad social y el rol institucional de SeNaSa en procesos judiciales. Mientras el Gobierno defiende su intención de recuperar fondos públicos, el PLD insiste en que la decisión debe emanar de los propios órganos de seguridad social y no del Poder Ejecutivo.
Ana María Soto Gross
