Paola Paulino
Peravia R.D. La magistrada Cecilia Báez, experta en violencia de género y ex-fiscal en delitos sexuales, evaluó los avances y retrocesos que contiene el proyecto del nuevo Código Penal dominicano, actualmente en debate en la Cámara de Diputados. Aunque reconoce mejoras, advierte sobre reducciones de penas que podrían debilitar la protección de las víctimas, especialmente en casos de adultos y agresiones dentro del matrimonio.
La magistrada Cecilia Báez, reconocida por su trayectoria en la lucha contra la violencia de género, valoró como positivos algunos aspectos del proyecto del nuevo Código Penal, especialmente en lo relativo a la protección de menores víctimas de delitos sexuales.
Báez explicó que, en el caso de agresiones sexuales a menores, el nuevo código eleva la pena de 5 a un rango de 10 a 20 años de prisión, lo que representa un avance significativo frente a lo establecido por la Ley 24-97.
“Este cambio reconoce la vulnerabilidad de los menores y la gravedad de este tipo de actos”, expresó.
Sin embargo, también alertó sobre retrocesos graves en la protección de adultos, al señalar que la pena por agresión sexual a personas mayores de edad podría reducirse a tan solo 2 años, lo que calificó como una “discriminación jurídica”.
“Una agresión es una agresión. No se justifica que se reduzca la pena solo por la edad de la víctima”, subrayó.
La jurista también criticó la propuesta de reducción de pena por violación dentro del matrimonio o unión de pareja, la cual pasaría de un máximo de 20 años en la legislación actual, a un rango de 4 a 10 años en el nuevo código.
“Aunque haya una relación sentimental, el consentimiento sigue siendo esencial. Nadie debe ser obligado a tener relaciones sexuales, ni siquiera dentro del matrimonio”, indicó.
En cuanto a los delitos sexuales con agravantes, como incesto, abuso a menores con discapacidad o por parte de personas en posición de autoridad, Báez destacó que se mantiene la pena de hasta 20 años. No obstante, advirtió que las diferencias entre tipos de agresión no siempre están claramente definidas y pueden generar confusión en su aplicación.
La magistrada también se refirió a las penas más severas contempladas para delitos con barbarie o que resulten en muerte, que pueden alcanzar hasta 40 años, y a la introducción de la acumulación de penas, que permitiría llegar hasta 60 años de prisión en casos graves.
Finalmente, Báez respaldó las modificaciones sugeridas por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, al proyecto en debate, e instó al Congreso Nacional a tomar en cuenta las preocupaciones del Ministerio Público.
“No estamos ganando penas, estamos perdiendo protección. El Congreso debe escuchar a quienes trabajamos directamente con estos casos”, concluyó.
Ana María Soto Gross
