Paola Paulino
Peravia , R.D. La abogada María Leonela Villar denunció una serie de presuntas irregularidades en el proceso judicial que mantiene privado de libertad a su hermano, Antonio Rafael Villar, quien cumple una condena de 10 años de prisión, de los cuales ha cumplido siete, por un caso de violencia ocurrido en el distrito municipal El Limonal, provincia Peravia.
De acuerdo con la denunciante, su hermano fue acusado de haber causado una lesión permanente a su entonces pareja sentimental, con quien procreó dos hijos. Sin embargo, asegura que en el expediente judicial no existen pruebas físicas que confirmen la supuesta mutilación, uno de los elementos centrales sobre los que se sustentó la condena.
Villar explicó que, durante una de las audiencias, el propio juez solicitó a la víctima mostrar evidencias físicas de la agresión, específicamente cicatrices, sin que estas pudieran ser identificadas en el tribunal. A su juicio, este aspecto debió ser determinante para una evaluación más rigurosa del caso.
La abogada aclaró que no justifica la violencia contra la mujer y que considera que cualquier agresión debe ser sancionada conforme a la ley. No obstante, cuestionó que se haya impuesto una pena de diez años sin que, según afirma, exista una prueba concluyente de un daño permanente, requisito necesario para una condena de esa magnitud.
Asimismo, denunció que el proceso estuvo marcado por deficiencias en la investigación y presunto amiguismo, señalando que la madre de la víctima habría tenido vínculos laborales con familiares de figuras influyentes, lo que —según sostiene— pudo haber incidido en la manera en que se estructuró el expediente.
Otro de los puntos señalados por Villar fue la inestabilidad en la defensa legal de su hermano. Indicó que, durante el proceso, Antonio Rafael Villar contó con múltiples abogados, tanto públicos como privados, algunos de los cuales no comparecieron a audiencias clave o no estaban debidamente preparados cuando el caso fue conocido.
Relató que, en varias ocasiones, su hermano no fue trasladado desde el centro penitenciario para asistir a audiencias previamente fijadas, lo que provocó retrasos y decisiones judiciales sin la presencia efectiva del imputado, situación que considera una violación al debido proceso.
La denunciante también explicó que, tras la imposición de la condena, el caso fue apelado ante la jurisdicción correspondiente en San Cristóbal, donde —según indicó— se repitieron situaciones similares de falta de representación adecuada y poco conocimiento del expediente por parte de la defensa asignada.
María Leonela Villar manifestó que, por razones laborales, reside fuera de la provincia Peravia, lo que ha dificultado su presencia constante en el tribunal, aunque afirmó que ha seguido el caso de cerca y ha realizado múltiples gestiones para que el proceso sea revisado.
Señaló además que, mientras su hermano cumple condena, la expareja quedó embarazada poco tiempo después de su encarcelamiento y actualmente tiene una hija de edad similar al tiempo que Antonio lleva privado de libertad, elemento que, según la abogada, nunca fue valorado dentro del proceso judicial.
La abogada informó que el caso tiene una audiencia pautada para el próximo 5 de febrero, en la que espera que finalmente se conozca el expediente de manera íntegra y con apego a los principios del debido proceso.
Finalmente, Villar hizo un llamado a las autoridades judiciales a revisar el caso con objetividad, reiterando que su reclamo no busca impunidad, sino una evaluación justa y proporcional de los hechos, conforme a las pruebas existentes y a lo que establece la ley dominicana.
Ana María Soto Gross
