Paola Paulino
Peravia, R.D. – El abogado Jorge de Eloísa Santos, representante legal de un ciudadano cuyo vehículo fue retenido durante un proceso judicial, denunció este lunes una serie de irregularidades y presuntas violaciones al derecho de propiedad, asegurando que la unidad fue trasladada a la capital y utilizada sin autorización por autoridades del Ministerio Público.
De acuerdo con el defensor, su cliente tenía el vehículo bajo financiamiento y este fue retenido inicialmente luego de que el chofer fuera detenido el pasado 11 de marzo, cuando transportaba varios nacionales haitianos. Santos explicó que, pese a que al conductor solo se le conoció una garantía económica, el propietario nunca recuperó el vehículo.
El abogado afirmó que, en vez de permanecer en el patio de evidencias, el vehículo fue enviado a Santo Domingo, donde supuestamente ha sido utilizado por autoridades con placa policial, incluso para operativos de Migración.
“Están violando el derecho de propiedad de mi defendido. Ese vehículo está financiado, él es el propietario legítimo, pero en vez de devolverlo, lo desplazaron a la capital y lo usan como si fuera del Estado”, denunció Santos.
Agregó que la mala condición física en la que se encuentra actualmente la unidad —con golpes, falta de mantenimiento y uso intensivo— evidencia lo que calificó como “una actitud irresponsable” de parte de funcionarios del Ministerio Público del distrito correspondiente.
“Migración lo está destruyendo, lo utilizan para operativos y para transportar personas indocumentadas. Esto es una franca violación al artículo 51 de la Constitución, que protege el derecho de propiedad”, expresó.
Santos calificó la situación como “un retroceso” en materia de respeto a los derechos fundamentales, y llamó a las autoridades superiores a intervenir y ordenar la devolución inmediata del vehículo a su legítimo dueño.
El propietario, quien aseguró provenir de San Juan, también pidió públicamente que se respete su derecho y que se investigue el manejo que se le ha dado a su vehículo durante los dos meses que ha permanecido bajo control de las autoridades.
