Paola Paulino
La audiencia de medida de coerción contra Vanroy Suazo fue aplazada para el próximo 4 de septiembre, luego de que la defensa solicitara más tiempo para presentar presupuestos de arraigo. Los abogados del imputado denuncian irregularidades en el arresto, ocurrido el mismo día de su boda, y aseguran que el caso responde a motivaciones personales más que legales.
Baní R.D. – La Oficina de Atención Permanente aplazó para el próximo miércoles 4 de septiembre la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Vanroy Suazo y otro implicado, tras un pedimento de la barra de la defensa que fue acogido por la magistrada actuante.
El abogado del imputado calificó el proceso como “traumático y penoso”, alegando que Suazo fue arrestado el mismo día de su boda civil, luego de salir de la oficialía acompañado de sus hijos, lo que consideró como un acto con “intención de dañarlo emocionalmente”. “Fue un apresamiento hasta temerario, justo cuando inicia una nueva etapa en su vida”, expresó.
Según los abogados defensores, la orden de arresto data de entre 2018 y 2020, y responde a un caso por el cual Suazo ya había firmado un acuerdo pleno en un contexto que calificaron de “presión absoluta”. Alegaron que, en su momento, el imputado se declaró culpable de un hecho que no cometió, solo para obtener su libertad mediante pena suspendida.
La defensa también sostiene que en 2022 se presentó una nueva denuncia por supuesto maltrato verbal, surgida tras un conflicto por el acceso a sus hijos. Indicaron que el imputado realizó una llamada pidiendo ver a los menores, lo que fue interpretado por la parte acusadora como acoso.
“Es un caso que ha sido manejado por pasiones, sin pruebas físicas visibles ni hechos recientes que justifiquen una medida tan extrema”, argumentó uno de los abogados. Añadió que el día del arresto coincidió con el cumpleaños de Suazo y su boda, lo cual, según ellos, levanta dudas sobre el momento y la motivación del procedimiento.
De cara a la audiencia del 4 de septiembre, la defensa dijo estar lista para presentar presupuestos de arraigo que demostrarán que Suazo “es una persona pública, con estabilidad laboral, social y comercial”, y que no representa peligro de fuga ni amenaza para la presunta víctima.
Por su parte, Emaidin Guabá, identificada como la víctima en el proceso, se presentó al tribunal pero declinó ofrecer declaraciones, limitándose a decir que esperará el desarrollo de la audiencia.
Ana María Soto Gross
