Paola Paulino
Peravia R.D. El jurista considera que la nueva institución viene a equilibrar el sistema judicial dominicano, al garantizar representación legal y acompañamiento a las víctimas, sin sustituir la Defensa Pública ni desplazar el ejercicio privado de la abogacía.
El abogado Leo Álvarez afirmó que la creación del Ministerio de Justicia representa un paso trascendental en la evolución del sistema judicial dominicano, al llenar un vacío histórico en la protección de los derechos de las víctimas dentro de los procesos penales y civiles.
Durante la entrevista, Álvarez explicó que, hasta el momento, el Estado solo garantizaba defensa legal a los imputados a través de la Defensa Pública, mientras que las víctimas debían enfrentar los procesos por cuenta propia o asumir los costos de un abogado privado. “Existía una asimetría evidente. El sistema estaba diseñado para proteger al acusado, pero dejaba a la víctima en una posición de vulnerabilidad”, sostuvo.
El jurista precisó que el Ministerio de Justicia no viene a sustituir el ejercicio privado de la abogacía, sino a crear una estructura institucional que permita al Estado asumir la representación de las víctimas cuando sea necesario. Esto incluye el acompañamiento legal, la orientación procesal y la posibilidad de realizar reclamaciones económicas en casos sensibles y de alto impacto.
Álvarez señaló que situaciones como el caso YEC evidenciaron la urgencia de contar con una entidad que canalice de manera efectiva los reclamos de las víctimas. “Estos casos marcaron un punto de inflexión. El país entendió que no basta con investigar y sancionar, también es necesario reparar y acompañar”, expresó.
En ese sentido, valoró positivamente la designación de Antonio Peralta al frente del Ministerio de Justicia, al considerar que su perfil aporta estabilidad y visión institucional al nuevo órgano. Asimismo, destacó el rol de José Suero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, resaltando que su gestión en la Suprema Corte de Justicia marcó un antes y un después en términos administrativos y organizacionales.
“Hay una buena sinergia, un buen ‘match’ entre ambos. Eso permite prever una implementación más coherente y técnica del Ministerio de Justicia”, indicó el abogado.
Finalmente, Leo Álvarez consideró que esta iniciativa se enmarca dentro de un proceso más amplio de transformación del sistema judicial, que incluye las reformas procesales y la revisión de los códigos. A su juicio, estos cambios, de aplicarse con coherencia, podrían fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y garantizar un mayor equilibrio entre los derechos del imputado y los de la víctima.
Ana María Soto Gross
