Isabel Ciprian
Un tribunal de Suecia juzga a un hombre de 62 años, presunto exmiembro de la banda de moteros Hell’s Angels, acusado de proxenetismo agravado, violación y otros delitos sexuales en perjuicio de su esposa. El acusado niega todos los cargos y fue detenido en octubre tras una denuncia presentada por la víctima ante las autoridades policiales.
Acusaciones principales
Según la fiscalía, el hombre habría explotado a su pareja durante varios años, obligándola a mantener relaciones sexuales con aproximadamente 120 personas y gestionando la difusión de anuncios en línea para captar clientes.
La acusación sostiene que el procesado organizaba los encuentros, supervisaba las actividades y ejercía control sobre la víctima, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad relacionada con consumo de alcohol, drogas y miedo hacia él. La fiscal del caso, Ida Annerstedt, calificó los hechos como una “explotación despiadada”, señalando además que el acusado habría obtenido ganancias superiores a 500.000 coronas suecas mediante esta actividad.
Delitos y proceso judicial
El imputado enfrenta cargos por proxenetismo agravado, violación, intentos de violación y agresiones. Parte de los cargos se basan en la legislación sueca, que considera violación algunos actos sexuales forzados incluso cuando ocurren en contextos digitales.
La víctima no ha estado presente en la sala, pero sigue el proceso de forma remota a través de su representación legal para proteger su identidad. La defensa, representada por la abogada Martina Michaelsdotter, sostiene que su cliente niega haber ejercido violencia o coerción, aunque admite haber tenido participación limitada en la actividad.
Contexto del caso
La fiscalía indicó que alrededor de 120 personas habrían participado como compradores de servicios sexuales, y varios de ellos también están siendo investigados. El caso ha generado gran impacto en la opinión pública sueca y ha sido comparado con otros procesos internacionales de abuso sistemático, debido a la gravedad de las acusaciones y el nivel de control ejercido sobre la víctima.
Ana María Soto Gross
