Isabel Ciprian
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó el lunes que el gobierno de Trump ha concluido su proceso de seis semanas para desmantelar los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Rubio detalló que el 18% de los programas restantes serán transferidos al Departamento de Estado para su gestión.
En su anuncio realizado a través de una publicación en X, Rubio destacó que el proceso de eliminación de programas de ayuda exterior fue parte de un esfuerzo más amplio para reformar la política de asistencia internacional de Estados Unidos, considerado como un alejamiento histórico de las políticas previas. Agradeció también al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y a su equipo por sus esfuerzos en la ejecución de esta reforma.
La revisión de los programas de ayuda fue un mandato del presidente Donald Trump, quien el 20 de enero emitió una orden ejecutiva para congelar los fondos destinados a la asistencia internacional y revisar el gasto de Estados Unidos en el extranjero. Según Rubio, de los 6,200 programas de USAID, 5,200 fueron eliminados por no cumplir con los intereses nacionales de Estados Unidos.
Rubio también mencionó que, en consulta con el Congreso, el gobierno mantendrá el 18% de los programas restantes, los cuales serán administrados de manera más eficaz bajo el Departamento de Estado. Sin embargo, algunos legisladores demócratas han señalado que la eliminación de programas financiados por el Congreso sería ilegal sin su aprobación.
El desmantelamiento de USAID, impulsado por la orden de Trump, ha generado controversia debido a que históricamente la ayuda internacional ha sido vista como un componente clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, al promover la estabilidad en diversas regiones, fortalecer alianzas y fomentar la buena voluntad global.
Este proceso también ha tenido consecuencias significativas, como el despido masivo de empleados y contratistas que trabajaban en proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo, lo que ha afectado tanto a los trabajadores como a las comunidades beneficiadas. Las demandas de organizaciones sin fines de lucro y otros socios de USAID argumentan que el cierre de estos programas ha causado perjuicios y violado los términos de los contratos, afectando millones de dólares en fondos destinados a la asistencia.
Ana María Soto Gross
