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Haitianos en Florida enfrentan incertidumbre ante posible fin del TPS

Miles de haitianos que viven en Estados Unidos, especialmente en Florida, se encuentran en una situación de incertidumbre. La amenaza de que la administración de Donald Trump elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) mantiene en alerta a comunidades que han construido su vida en ese país y ahora temen ser deportadas a un Haití todavía afectado por la violencia y la inestabilidad.

El sur de Florida concentra gran parte de la población haitiana beneficiada con el TPS, lo que hace que la preocupación sea especialmente alta en esta región.

Andrés González, responsable de comunicaciones de la organización Americans for Immigrant Justice, advirtió que la supresión del programa tendría repercusiones tanto humanas como económicas. “La población haitiana es clave para Florida, y su contribución a la economía del sur del estado es significativa”, afirmó.

Según González, más de 330,000 haitianos tienen TPS en Estados Unidos, de los cuales unos 158,000 residen en Florida, convirtiéndolo en el estado con mayor número de beneficiarios. En Miami, unos 9,000 haitianos trabajan en sectores esenciales como hospitalidad, salud y cuidado de personas mayores, muchos como asistentes de enfermería. La contribución económica de estos trabajadores asciende a 1.5 billones de dólares al año, destacó González.

Paul Chávez, director del programa de litigio de Americans for Immigrant Justice, señaló que solo en Miami viven alrededor de 15,000 haitianos bajo TPS. Ambos representantes compartieron estas cifras durante un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First.

Controversia legal sobre el TPS

La administración Trump solicitó al Tribunal Supremo que ponga fin al TPS para haitianos, mientras que una coalición de 19 fiscales demócratas busca mantener la protección después de que una corte federal bloqueara temporalmente la eliminación del programa.

La Corte Suprema aceptó revisar el caso, que también afecta a ciudadanos sirios. El TPS permite a sus beneficiarios residir y trabajar en Estados Unidos por un periodo limitado; los haitianos pudieron acceder al programa por primera vez en 2010, tras el devastador terremoto que golpeó al país.

González subrayó la preocupación de la comunidad: “Son personas que han construido su vida en el sur de Florida. Mandarlos a Haití significaría enviarlos de vuelta a la violencia que ya están viviendo”.

Estrategia migratoria y efectos en detenciones

Mientras tanto, la política migratoria de Trump se ha endurecido. En el puente fronterizo de Hidalgo, Texas, 65 migrantes fueron repatriados a México, incluidos dos haitianos. La mayoría eran venezolanos, cubanos y salvadoreños.

Actualmente, más de 73,000 personas están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el nivel más alto registrado según Americans for Immigrant Justice. Desde diciembre de 2024, las detenciones han aumentado un 75%, mientras que los arrestos de personas sin antecedentes penales se dispararon un 2,450%. Aproximadamente el 74% de los detenidos no tiene condena penal, y muchos enfrentan solo infracciones menores.

Además, el 76% de los inmigrantes con órdenes de deportación carece de representación legal, cifra que en Florida alcanza el 73%. El sistema judicial migratorio acumula más de 3.4 millones de casos pendientes, mientras que las muertes bajo custodia de ICE han aumentado: al menos 10 personas en 2026 y 35 desde enero de 2025, el año más letal en dos décadas. Entre las víctimas recientes figuran Jairo García-Hernández (guatemalteco), Isidro Pérez (cubano), Marie Blaise (haitiana) y Johnny Noviello (canadiense).

Sobre Americans for Immigrant Justice

Americans for Immigrant Justice es una organización sin fines de lucro que brinda representación legal gratuita a migrantes de bajos recursos. En 30 años, han asistido a más de 175,000 personas de alrededor de 100 países. Sus abogados cubren todos los centros de detención de Florida y también ayudan a niños no acompañados bajo custodia estatal.