Isabel Ciprian
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití anunció la entrada en vigor de un nuevo protocolo judicial para supervisar estrictamente a ciudadanos haitianos deportados o extraditados por delitos financieros o nexos con grupos criminales, tras la reciente detención del empresario Pierre Reginald Boulos en Estados Unidos por su presunta implicación en actos de violencia.
Esta medida responde a nuevas disposiciones de la administración estadounidense que facilitan la deportación de haitianos vinculados con bandas armadas y actividades terroristas en Haití. Según el Ministerio de Justicia, el protocolo consta de cuatro artículos y establece que toda persona en estas condiciones será entregada, al llegar al país, al comisario del Gobierno, quien se encargará de su custodia y procesamiento inmediato.
Los acusados podrán ser retenidos en las instalaciones de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) u otros centros habilitados, mientras se prepara y remite su expediente al gabinete de instrucción correspondiente.
El caso de Pierre Reginald Boulos, señalado por autoridades estadounidenses de liderar una campaña de violencia y colaborar con bandas como «Viv Ansanm», ha generado especial atención. La embajada de EE. UU. en Haití confirmó la detención del empresario, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que se aplicará la ley de inmigración para expulsar a residentes permanentes vinculados con organizaciones criminales haitianas.
La situación de seguridad en Haití sigue deteriorándose. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), en el primer semestre de 2025 se registraron 4,026 homicidios intencionados, un aumento del 24% respecto al año anterior. Además, más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas por la violencia, una cifra que ha triplicado la de 2023.
El protocolo del Ministerio de Justicia se enmarca en los esfuerzos por frenar el avance del crimen organizado, que hoy controla aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe y mantiene al país en una profunda crisis humanitaria y de seguridad.
Ana María Soto Gross
