Ana María Soto Gross
El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición retoman este jueves las conversaciones respaldadas por Estados Unidos, en un segundo ciclo de negociaciones que tendrá entre sus principales temas las garantías civiles y políticas, la libertad de expresión y la situación del sistema judicial.
El nuevo encuentro da continuidad a la primera ronda de contactos, celebrada del 6 al 12 de agosto, que concluyó con dos acuerdos. Uno de ellos contempla una renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados han sido cuestionados por sectores opositores por su presunta cercanía con el Gobierno.
Como parte de los pasos posteriores a ese acuerdo, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, modificó el pasado 1 de septiembre un artículo de la Ley Orgánica del TSJ para ampliar el comité responsable de seleccionar a los candidatos a magistrados y aumentar la participación de representantes de la sociedad civil.
El segundo acuerdo alcanzado en la primera ronda estuvo relacionado con la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra, destinados a atender a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.
El Reino Unido manifestó esta semana su respaldo a las conversaciones y a los avances alcanzados hasta ahora, en el marco de sus esfuerzos diplomáticos junto con otros actores internacionales para promover una transición política en Venezuela.
Las negociaciones están encabezadas por el oficialista Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y la opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, entonces bajo control opositor. Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de la mesa, aunque han expresado expectativas de que el proceso pueda abrir el camino hacia nuevas elecciones.
Elecciones y libertades, entre las demandas
Sectores de la oposición también plantean la renovación del organismo electoral como paso previo a una eventual convocatoria a elecciones presidenciales.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene entre sus objetivos el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas al país, un planteamiento que genera rechazo entre sectores del propio chavismo que cuestionan la creciente presencia de Estados Unidos en territorio venezolano.
Organizaciones no gubernamentales, por su parte, reclaman la liberación de más de 300 personas que, según sus registros, permanecen detenidas por razones políticas.
La opositora Dinorah Figuera sostuvo que el diálogo debe responder a las principales demandas de la población venezolana. En tanto, el dirigente opositor Sergio Vergara adelantó que durante este segundo ciclo se revisarán algunas leyes que, según su interpretación, han restringido libertades, entre ellas la denominada Ley contra el Odio.
La agenda de las conversaciones se desarrolla además mientras la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advierte que, pese a algunos avances limitados, el aparato represivo del Estado venezolano continúa funcionando.
