Isabel Ciprian
Washington D.C.– La Administración del expresidente Donald Trump presentó una nueva propuesta que permitiría a los funcionarios de inmigración denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que podrían representar una “carga pública” para el país, reactivando así una de las políticas migratorias más polémicas de su anterior mandato.
La propuesta, presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca derogar la regla de 2022 que limitaba la consideración de carga pública, permitiendo a las autoridades negar la entrada o la tarjeta verde a inmigrantes que dependan de ciertos beneficios sociales.
En 2019, la Administración Trump amplió la definición de carga pública para incluir a inmigrantes que hubieran solicitado asistencia en programas como Medicaid, CHIP, vivienda o alimentación, lo que restringió significativamente la posibilidad de obtener residencia permanente y llevó a que muchas familias indocumentadas dejaran de recibir ayudas para sus hijos ciudadanos. La política de Joe Biden (2021-2025) revirtió parcialmente esta regulación, relajando las restricciones, pero la nueva propuesta pretende otorgar nuevamente mayor discrecionalidad a los oficiales de inmigración.
El texto, que será publicado oficialmente en el Registro Federal, no detalla los programas específicos que se considerarán para determinar la carga pública, pero advierte que se emitirán directrices adicionales en el futuro.
La medida ha generado rechazo de defensores de los inmigrantes. Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families Coalition, calificó la propuesta como “peligrosa”, advirtiendo que podría desincentivar a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses de buscar atención médica o asistencia social a la que tienen derecho. Por su parte, Renee M. Willis, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, solicitó al Congreso, de mayoría republicana, bloquear la medida debido a los problemas legales y sociales que han generado regulaciones similares.
Esta propuesta se suma a otras restricciones recientes, como la denegación de visas a personas con enfermedades crónicas, bajo la premisa de que podrían depender de servicios de salud pública.
Estudios previos, como los de Kaiser Family Foundation (KFF), señalan que los cambios de 2019 podrían haber reducido la cobertura de Medicaid y CHIP entre 2 y 4,7 millones de personas, afectando incluso a hijos estadounidenses de inmigrantes indocumentados. Una encuesta de 2023 de KFF indicó que uno de cada cuatro adultos inmigrantes evitó solicitar asistencia por temor a implicaciones migratorias, pese a que las reglas habían sido relajadas por la Administración Biden.
Ana María Soto Gross
