San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permitirá imponer cadena perpetua a las personas condenadas por homicidio, violación o terrorismo, medida que hasta ahora estaba prohibida en el país. La iniciativa contó con 59 votos a favor de 60 posibles, incluyendo el respaldo del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que sumó su apoyo a la propuesta del Gobierno de Nayib Bukele.
La reforma modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, estableciendo que “se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que la medida busca garantizar una sociedad en la que “no existan homicidas ni violadores”, mientras que la diputada oficialista Suecy Callejas señaló que El Salvador deja atrás una “era de impunidad” y que la reforma asegura que quienes destruyeron familias, violaron inocentes y sembraron terror “jamás vuelvan a caminar por nuestras calles”.
Procedimiento legal y próxima ratificación
El presidente Bukele informó a través de su cuenta en X que la reforma fue presentada al Congreso por el Gabinete de Seguridad. El documento llegó al Legislativo apenas horas antes de su aprobación, y fue aprobado sin mayores discusiones.
Ahora, la Comisión Política del Congreso deberá revisar leyes secundarias como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Contra Actos de Terrorismo para adaptarlas a la Constitución. Antes de que la reforma entre en vigor, los diputados deben ratificarla en los próximos días, un proceso facilitado por un cambio previo a la Carta Magna en abril de 2024 que permite a la misma legislatura aprobar y ratificar reformas constitucionales.
Contexto del régimen de excepción
La reforma se da en el marco de casi cuatro años de régimen de excepción impulsado por Bukele y aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Este régimen ha permitido detenciones masivas y, aunque ha reducido la violencia en las calles, organismos de derechos humanos han cuestionado los métodos del Gobierno, mientras la administración de Bukele rechaza las críticas.
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