Isabel Ciprian
Luis Rey Villagrán, activista y coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), fue detenido ayer martes por un grupo especial de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, Chiapas. Villagrán es uno de los principales organizadores de una nueva caravana de migrantes que planea salir desde el sur de México este miércoles por la mañana.
La detención ocurrió poco después de que Villagrán se reuniera con personas migrantes en el parque Bicentenario para coordinar los últimos detalles del éxodo, y anunciar el respaldo de organizaciones civiles y religiosas durante el trayecto. Según sus familiares, el activista es acusado del delito de delincuencia organizada.
Tras su arresto, fue trasladado a la subdelegación de Procedimientos Penales B de la FGR en el estado, a donde acudieron amigos, familiares y su equipo legal. El defensor de derechos humanos ha sido crítico constante del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), denunciando la falta de respuestas efectivas en la frontera sur mexicana.
Mientras tanto, cientos de migrantes permanecen varados en Tapachula desde hace meses, alegando falta de empleo, recursos económicos y apoyo institucional. Muchos se han instalado en el parque Bicentenario a la espera de una posible salida colectiva, aunque la reciente detención de Villagrán genera incertidumbre sobre si la caravana partirá como estaba prevista o se aplazará.
En un contexto regional más amplio, la situación migratoria también se ha endurecido en Estados Unidos. La administración del expresidente Donald Trump eliminó varios programas impulsados por su antecesor, Joe Biden, entre ellos el parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, así como la aplicación CBP One, que permitía solicitar citas para ingresar legalmente al país.
Esto ha dejado a más de medio millón de personas en un limbo legal, mientras los tribunales resuelven sobre la legalidad de esos mecanismos. Trump ha prometido retomar una política de deportaciones masivas como parte de su campaña electoral, afectando directamente a los más de 11 millones de personas migrantes indocumentadas que residen en EE.UU.
