Isabel Ciprian
Caracas.– La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, retoma este jueves la segunda discusión del proyecto denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un contexto marcado por protestas de familiares de personas consideradas presos políticos.
El debate está pautado para las 16:00 hora local y constituye el paso final antes de la eventual sanción de la norma, luego de que hace dos semanas el Parlamento aprobara el texto en primera discusión. Posteriormente, se realizaron encuentros con sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos para revisar el contenido del proyecto.
La segunda discusión había sido aplazada debido a diferencias en torno a un artículo que exige a los posibles beneficiarios presentarse ante los tribunales, punto que generó controversia.
Observaciones y críticas
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que el proyecto presenta “contradicciones fundamentales” al hacer referencia al “extremismo”, lo que —a su juicio— podría descalificar anticipadamente a potenciales beneficiarios y presumir responsabilidades penales.
También señaló un posible conflicto de intereses al dejar la ejecución de la amnistía en manos de tribunales y de la Fiscalía, instituciones que han sido cuestionadas por organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Aunque la propuesta contempla hechos ocurridos desde 1999, abarcando los años de Gobierno del chavismo, el artículo 6 delimita su alcance a diez períodos específicos de coyunturas políticas, desde el intento de golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez hasta las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Esta delimitación podría dejar fuera a personas que se consideran presos políticos.
Contexto político y protestas
El debate legislativo se desarrolla en paralelo a una huelga de hambre iniciada por un grupo de mujeres familiares de detenidos, quienes se mantienen frente a un comando policial en Caracas exigiendo la liberación de sus parientes.
Según la ONG Foro Penal, actualmente 644 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela. El Gobierno, por su parte, rechaza esa calificación y sostiene que los arrestados enfrentan cargos por delitos comunes.
La discusión de la ley ocurre en lo que Delcy Rodríguez ha descrito como un “nuevo momento político” para el país, en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado en enero y de un escenario político aún marcado por tensiones internas y presión social.
Ana María Soto Gross
