Isabel Ciprian
Una ciudadana estadounidense de origen dominicano, identificada como Jennifer González, de 43 años, fue arrestada en Massachusetts, acusada de dirigir una red que organizaba matrimonios fraudulentos para facilitar la obtención de estatus migratorio legal en Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, González habría operado esta red durante más de una década en la ciudad de Fall River, cobrando entre 38,000 y 40,000 dólares por cada matrimonio simulado. Las autoridades sostienen que la organización coordinaba entre 18 y 20 de estas uniones al año y que la mujer habría obtenido millones de dólares mediante el presunto fraude.
Las investigaciones incluyen grabaciones de conversaciones telefónicas en las que, según los documentos judiciales, González ofrecía ayuda a sus clientes para alcanzar el llamado sueño americano.
La acusada presuntamente instruía a los participantes sobre cómo aparentar una relación matrimonial legítima. Entre las prácticas señaladas figuran la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de seguros de vida y la realización de fotografías como si fueran parejas casadas. Asimismo, habría indicado a sus clientes que necesitaba entre tres y cuatro meses para preparar la documentación que respaldaría los matrimonios simulados y les exigía firmar contratos para formalizar los pagos por sus servicios.
Presuntas ganancias e inversiones en República Dominicana
Según los documentos de la fiscalía, los cálculos más conservadores sitúan en seis millones de dólares las ganancias que González habría acumulado durante el período investigado.
Parte de esos recursos presuntamente habría sido destinada a la compra de propiedades en República Dominicana. En conversaciones citadas por las autoridades, la mujer habría manifestado que tenía negocios en su país de origen y que acostumbraba invertir sus excedentes de dinero en terrenos y otros inmuebles.
La fiscalía de Massachusetts solicitó que González permanezca detenida mientras avanza el proceso, alegando que existe riesgo de fuga debido a sus recursos económicos y sus vínculos con República Dominicana. La petición se fundamenta en el artículo 3142(f)(2)(A) del Título 18 del Código de Estados Unidos, relacionado con los casos en los que existen motivos para considerar que una persona podría evadir el proceso judicial.
Otros detenidos en el caso
Junto a González también fueron detenidos Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26 años, quienes estarían vinculados a la presunta red. El caso continúa bajo investigación y las acusaciones deberán ser ventiladas ante los tribunales correspondientes, respetando el principio de presunción de inocencia.
Ana María Soto Gross
