Isabel Ciprian
Arabia Saudita ejecutó ayer lunes a dos ciudadanos acusados de terrorismo, elevando a 17 el número total de ejecuciones en apenas tres días, según un recuento realizado por la AFP a partir de comunicados oficiales.
Durante el fin de semana, el reino llevó a cabo 15 ejecuciones, incluyendo ocho solo el domingo: siete extranjeros cuatro somalíes y tres etíopes condenados por contrabando de hachís, y un ciudadano saudita por el asesinato de su madre.
Más de 230 personas ejecutadas en lo que va de 2025
Con estas últimas penas capitales, Arabia Saudita ya ha ejecutado a más de 230 personas en lo que va del año, superando los registros anteriores a este ritmo. De ese total, más de 150 ejecuciones han estado vinculadas a delitos relacionados con drogas, especialmente cannabis.
Según Jeed Basyouni, directora para Medio Oriente de la organización Reprieve, con sede en Londres, “el año 2025 mostró un aumento notable en las ejecuciones por delitos de drogas, particularmente relacionados con el cannabis”.
“Esto resulta especialmente preocupante en un contexto global donde muchos países están avanzando hacia la despenalización del consumo de cannabis”, afirmó Basyouni a AFP.
Guerra contra las drogas y políticas punitivas
Expertos consultados por la agencia francesa relacionan este repunte con la guerra contra las drogas lanzada por el gobierno saudita en 2023, especialmente enfocada en el consumo creciente de captagon, una potente droga estimulante ampliamente distribuida en Medio Oriente. La ONU ha identificado al reino como uno de los principales mercados de esta sustancia.
Arabia Saudita retomó las ejecuciones por delitos de narcóticos en 2022, tras una suspensión de tres años. Ese año se ejecutaron 19 personas por este tipo de crímenes, seguidas por solo 2 en 2023. No obstante, en 2024 la cifra se disparó a 117, y en 2025 ya ha sido superada ampliamente.
Tensión entre la modernización y los derechos humanos
Las autoridades sauditas defienden el uso de la pena de muerte como una herramienta para mantener el orden público, asegurando que los procesos judiciales incluyen todas las etapas de apelación antes de ejecutarse una sentencia capital.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que esta política de castigos extremos contradice la imagen de modernización y apertura que el reino intenta proyectar internacionalmente bajo su plan «Visión 2030».
