Isabel Ciprian
Santo Domingo. – El acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para los productores agrícolas del país, especialmente para aquellos que viven en las provincias fronterizas, donde la pobreza y la vulnerabilidad social son significativamente más altas que en otras regiones.
A pesar de esta realidad, los recursos crediticios destinados a estas zonas son limitados. Según datos del Banco Agrícola, en lo que va de 2024 se han prestado 1,868.1 millones de pesos a los agricultores fronterizos, lo que representa solo un 6.8 % del total de los créditos agrícolas nacionales.
La situación fue documentada en el más reciente informe Monitor de la Frontera, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el cual señala que los productores de la zona fronteriza reciben en promedio 19,579 pesos por crédito, mientras que el resto de los agricultores del país accede a montos cercanos a los 23,563 pesos, es decir, un 17 % más.
El informe explica que esta brecha puede estar relacionada con factores como la menor valorización del suelo, la escasa presencia de infraestructura financiera y una percepción de mayor riesgo por parte de las entidades de crédito.
Más tierra, más crédito
El tamaño de las tierras cultivables también influye directamente en el acceso a financiamiento, ya que los terrenos agrícolas suelen usarse como garantía. En ese sentido, las provincias fronterizas con mayor superficie cultivable son también las que concentran la mayor parte de los préstamos.
Por ejemplo, Montecristi y Dajabón lideraron el financiamiento agrícola en la frontera durante el último año, con 764.9 millones y 348.8 millones de pesos, respectivamente. En contraste, provincias más pequeñas como Bahoruco (Neiba) y Elías Piña (Comendador) no alcanzaron los 240 millones de pesos en créditos agrícolas.
A pesar de su potencial, la zona fronteriza representa apenas una quinta parte de las tierras agrícolas del país, y solo el 10.5 % del suelo disponible está siendo utilizado con fines agrícolas, lo que limita aún más las posibilidades de desarrollo productivo.
Llamado a una estrategia territorial de financiamiento
El informe concluye que es urgente diseñar e implementar políticas diferenciadas de acceso al crédito, que consideren las condiciones particulares del territorio fronterizo. Esto implicaría reducir barreras estructurales, aumentar la inversión pública en infraestructura financiera y crear incentivos que reduzcan la percepción de riesgo para los prestamistas.
Solo así, afirman los analistas, será posible garantizar que los productores de estas zonas puedan competir en igualdad de condiciones y que la frontera deje de ser sinónimo de rezago agrícola.
