Isabel Ciprian
Santo Domingo. Más de 15 mil personas han acudido recientemente a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), tras revelarse que existen más de 100 millones de pesos acumulados en las cuentas de trabajadores fallecidos que aún no han sido reclamados por sus familiares.
Según explicó la directora de Orientación y Defensa de la DIDA, Zully Arias, los fondos pertenecen a más de 10,000 trabajadores fallecidos cuyos herederos, en su mayoría, desconocían que tenían derecho a solicitar una pensión por sobrevivencia o, en su defecto, el retiro de los aportes acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“En la mayoría de los casos, los familiares no sabían que podían acceder a estos beneficios. Ahora, con esta información pública, hemos visto un aumento masivo de personas buscando orientación para hacer valer sus derechos”, indicó Arias.
Ante esta avalancha de solicitudes, la DIDA informó que los requisitos para iniciar el proceso han sido simplificados. Los interesados deben presentar:
- Carta de trabajo del fallecido
- Certificado de defunción
- Acta de nacimiento de los hijos (si los hay)
- Acta de determinación de herederos
- Acta de matrimonio o declaración de unión libre que valide la relación conyugal
Mientras avanzan los trámites, varios solicitantes han expresado su frustración por la lentitud del proceso. Altagracia Zapata, quien inició su solicitud en marzo, aseguró: “Encuentro que es demasiado demorado porque yo deposité en marzo y todavía está en proceso”.
En total, se estima que estos fondos corresponden a 10,853 herederos de trabajadores fallecidos, repartidos en más de 117 mil cuentas activas en las AFP. La DIDA también aclaró que al monto acumulado debe sumarse la rentabilidad generada anualmente por dichos aportes, lo que incrementaría aún más el valor a reclamar por los beneficiarios.
Ante este panorama, muchos ciudadanos que han tomado conocimiento de esta situación están motivados no solo a gestionar sus propias solicitudes, sino también a informar a otros familiares que podrían estar en condiciones de reclamar los recursos.
Ana María Soto Gross
