Isabel Ciprian
República Dominicana y Estados Unidos mantienen posiciones enfrentadas en torno al futuro del mercado dominicano del arroz, luego de concluir el período de protección establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).
Para Washington, desde enero de 2025 el arroz estadounidense debía ingresar al mercado dominicano con arancel cero y sin restricciones de cantidad, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el país al suscribir el acuerdo comercial.
Sin embargo, el Gobierno dominicano decidió mantener medidas de protección para los productores nacionales. El principal punto de controversia es el Decreto 693-24, que establece la entrada libre de aranceles para 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense, mientras que las importaciones que superen ese volumen están sujetas a un arancel de 99 %.
La medida ha generado cuestionamientos por parte de Estados Unidos. En su Informe nacional de barreras al comercio exterior 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sostiene que República Dominicana se comprometió a eliminar progresivamente los aranceles de los productos agrícolas estadounidenses y que esa liberalización debía completarse el 1 de enero de 2025.
El organismo estadounidense señala que el decreto dominicano mantuvo para el arroz las condiciones correspondientes al año 19 del tratado, en lugar de aplicar plenamente la liberalización prevista. Washington afirma que continúa dando seguimiento al tema y que lo aborda directamente con las autoridades dominicanas.
Un sector clave para la economía dominicana
Para República Dominicana, el conflicto va más allá de una discusión sobre aranceles. El arroz constituye una de las principales actividades de la producción agropecuaria nacional y sostiene una amplia cadena económica. Datos oficiales señalan que el cultivo representa más del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
El presidente Luis Abinader ha estimado anteriormente en más de 90,000 los empleos directos y alrededor de 320,000 los indirectos relacionados con el sector, además de unas 300 factorías procesadoras.
La actividad también beneficia a transportistas, comerciantes, suplidores de insumos, financistas y otros sectores que dependen de la producción y comercialización del cereal.
La producción arrocera se extiende además por 21 provincias del país, por lo que una eventual reducción de la actividad tendría repercusiones económicas y sociales en numerosas comunidades.
Mientras Washington reclama el cumplimiento de los compromisos comerciales establecidos en el DR-Cafta, República Dominicana busca preservar la producción nacional y proteger una cadena productiva considerada estratégica para la economía y el abastecimiento alimentario del país.
