Combustibles vs. electromovilidad: Un subsidio de RD$85 mil millones que deja preguntas abiertas

En los últimos cuatro años, el Estado dominicano ha destinado más de RD$85,000 millones a subsidiar combustibles fósiles, mientras que los incentivos fiscales para promover vehículos eléctricos apenas alcanzan RD$3,600 millones en el mismo período. La disparidad entre ambas políticas públicas no solo es abismal, sino que plantea un debate clave sobre el rumbo energético y fiscal del país.

La lógica detrás del subsidio a los combustibles es sencilla: República Dominicana no produce petróleo y depende de su importación. Para evitar que la volatilidad del precio del crudo afecte directamente a los consumidores, el gobierno asume parte del sobrecosto, particularmente en gasolina, gasoil y GLP. Esta práctica, vigente desde 2021, ha supuesto montos históricos que han aumentado tras eventos como la invasión rusa a Ucrania.

Solo en 2022, por ejemplo, el Estado destinó más de RD$31,000 millones a ese fin. En 2023 y 2024, la política se mantuvo con una ejecución similar. Y en lo que va de 2025, los subsidios ya superan los RD$7,000 millones.

Incentivos a los eléctricos: más tímidos, menos costosos

En contraste, los vehículos eléctricos han recibido un respaldo fiscal mucho menor. La Ley 103-13 otorga una exención del 50% en los impuestos de importación y la primera placa a quienes importan vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Este incentivo no representa un gasto directo para el Estado, sino un ingreso que deja de percibir.

Entre 2021 y 2024, las exenciones fiscales a los vehículos eléctricos sumaron unos RD$3,600 millones, según datos de la Dirección General de Aduanas. Es decir, solo un 4% del monto destinado a subsidios fósiles.

Para ilustrar la diferencia: en 2024 el gasto estimado por exención de primera placa fue de apenas RD$315.5 millones, el 0.3% del total invertido en mantener bajos los precios del combustible ese año.

¿Un modelo insostenible?

Según Manuel González Abud, miembro de la Asociación Dominicana de Movilidad Eléctrica (Asomoedo), “no hay ningún paralelo posible” entre ambas políticas. Critica que los incentivos actuales a los eléctricos no siempre se trasladan completamente al comprador final, ya que el ITBIS (18%) se mantiene sin cambios.

González Abud propone redireccionar una parte de los recursos destinados a subsidiar combustibles hacia incentivos más efectivos para la electromovilidad: subsidios directos, reducción del ITBIS o incentivos a la infraestructura de carga. Desde su perspectiva, se trata de una inversión estratégica: menos emisiones, menor dependencia energética y reducción de la factura petrolera.

¿Es hora de cambiar el enfoque?

Aunque el Gobierno no ha anunciado planes para eliminar los subsidios al combustible, el contraste numérico entre ambos mecanismos de apoyo abre una interrogante inevitable:

¿Debe el país seguir priorizando recursos para mantener barato un combustible contaminante, o redirigir parte de esos fondos hacia una transición energética sostenible?

Por el momento, los números son elocuentes: