Isabel Ciprian
Santo Domingo.– Familiares de las víctimas, sobrevivientes y menores huérfanos de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set remitieron una comunicación formal al presidente de la República, Luis Abinader, en la que solicitan atención institucional, seguimiento y acompañamiento del Estado al proceso judicial derivado del colapso del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La misiva, firmada por la doctora Ana María Ramírez Peña en representación del Movimiento Justicia Jet Set, aclara que la solicitud no persigue interferir en las decisiones de los tribunales, sino garantizar que el proceso se lleve a cabo con transparencia, respeto al debido proceso y salvaguarda de los derechos de las víctimas.
En el documento se describe el profundo impacto humano, familiar y social dejado por la tragedia, que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos, un hecho que —según expresan— transformó de manera irreversible la vida de cientos de familias dominicanas.
Los firmantes destacan que entre los afectados se encuentran personas con discapacidades severas a causa del derrumbe, así como niños y adolescentes que quedaron huérfanos, quienes enfrentan diariamente secuelas emocionales, sociales y físicas producto del suceso.
Entre las peticiones dirigidas al Poder Ejecutivo figura la designación de un oficial de enlace institucional que facilite a las víctimas y sus familiares información clara, verificable y oportuna sobre el desarrollo del proceso judicial, con el propósito de reducir la incertidumbre y la desinformación.
Asimismo, solicitan que el caso sea declarado de alto interés nacional, dada su magnitud y repercusión social, y proponen la conformación de una mesa interinstitucional permanente que integre a organismos de justicia, salud, niñez, discapacidad y derechos humanos, para articular una respuesta estatal coordinada y sensible.
Finalmente, el Movimiento Justicia Jet Set pidió al presidente Abinader concederles una reunión privada para exponer directamente sus realidades, preocupaciones y expectativas, reiterando su confianza en el compromiso del Estado dominicano con la justicia, la dignidad humana y los derechos fundamentales.
La comunicación fue depositada el 25 de enero de 2026, como parte de las acciones públicas que mantienen los familiares para sostener su reclamo bajo una consigna clara:
“No queremos dinero, queremos justicia.”
Ana María Soto Gross
