Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que el Ministerio Público continúa avanzando de manera sostenida en la investigación del caso Senasa y adelantó que, en un plazo breve, será presentada una nueva etapa del proceso judicial bajo el nombre de “Operación Cobra 2.0”, junto a todas las fases que resulten necesarias.
Camacho explicó que la investigación ha sido concebida desde su inicio como un proceso desarrollado por etapas, lo que implica la ampliación progresiva de responsabilidades conforme se consoliden las pruebas. En ese sentido, enfatizó que todas las personas involucradas en la sustracción de fondos públicos del Seguro Nacional de Salud deberán comparecer ante los tribunales.
“Esta es una investigación por ciclos. Todos los que hayan tomado dinero del Estado en este caso enfrentarán la justicia, tal como ocurrió en la primera fase y como ocurrirá en las que continúen”, afirmó el magistrado.
El titular de la Pepca reiteró que el Ministerio Público solo presenta acusaciones cuando cuenta con una base probatoria sólida, criterio que según indicó ha caracterizado históricamente la persecución de los delitos de corrupción administrativa. Precisó que esa suficiencia de pruebas fue determinante para que los tribunales impusieran medidas de coerción a los imputados.
En relación con la prisión preventiva dictada contra varios de los acusados, Camacho defendió la decisión judicial y sostuvo que no existen fundamentos legales para que la Corte de Apelación la revoque o modifique. A su juicio, la magnitud y gravedad de los hechos justifican plenamente las medidas adoptadas.
“Se trata de hechos de una gravedad extraordinaria, que ameritan la prisión preventiva impuesta por el tribunal. Defenderemos esa decisión con firmeza cuando se conozcan los recursos”, señaló.
Asimismo, informó que el Ministerio Público se presentó preparado para responder a los recursos de apelación interpuestos por las defensas, tanto respecto a la prisión preventiva de 18 meses como a las demás medidas restrictivas impuestas a otros implicados.
Camacho también explicó que la audiencia para conocer dichos recursos fue aplazada para el próximo 3 de febrero, debido a que una de las imputadas acudió sin representación legal, situación que obligó a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a posponer el conocimiento del caso.
En la nueva fecha, el tribunal conocerá las solicitudes de los imputados que buscan la revocación o variación de las medidas de coerción, en el marco del proceso judicial por presunta corrupción administrativa que habría afectado recursos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Ana María Soto Gross
