Isabel Ciprian
Santo Domingo.– Conforme avanzan las investigaciones sobre el presunto fraude cometido en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), crecen las voces dentro del sector médico y jurídico que reclaman la anulación del exequátur a aquellos profesionales de la salud que, tras ser sometidos a la justicia, sean hallados culpables de realizar prácticas médicas fraudulentas.
El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia describió como un “delito imperdonable” la simulación de procedimientos médicos con el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos a través de la aseguradora estatal. Afirmó que este tipo de acciones no solo constituyen una infracción penal, sino también una violación grave a la ética médica, al socavar la confianza de los pacientes y dañar la credibilidad del sistema de salud.
Guerrero Heredia respaldó las declaraciones previas del cardiólogo Pedro Ureña, quien sostuvo que todo médico que traicione el juramento hipocrático incurriendo en fraudes debe enfrentar sanciones ejemplares y definitivas.
De igual manera, la doctora Eliany Mejía expresó en redes sociales que cualquier profesional capaz de fingir tratamientos o procedimientos médicos para lucrarse de manera fraudulenta debe ser despojado de su exequátur, como una forma de salvaguardar a la sociedad y preservar la dignidad del ejercicio médico.
Dimensión legal y repercusión social
Desde el ámbito jurídico, el abogado Miguel Surún Hernández, integrante de la Convergencia Nacional contra el Robo a la Seguridad Social, advirtió que el desvío de recursos pertenecientes a los afiliados de Senasa mediante esquemas fraudulentos no puede quedar sin castigo. Señaló que se trata de fondos destinados a garantizar la salud de la población y que su apropiación indebida perjudica especialmente a los sectores más vulnerables.
Durante su participación en el programa El Despertador, Surún Hernández explicó que representa legalmente a uno de los afiliados citados por la Procuraduría General de la República como parte del proceso investigativo. Aseguró que su cliente figura entre las víctimas directas de las irregularidades detectadas por el Ministerio Público.
Ante la gravedad del caso, diversos profesionales de la salud esperan un pronunciamiento contundente del Colegio Médico Dominicano, a través de su comité de ética, frente a lo que las autoridades han calificado como uno de los presuntos desfalcos más significativos al sistema de seguridad social del país.
Ana María Soto Gross
