Santo Domingo.– El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció que el Ministerio Público dispone de un plazo de ocho meses para concluir la investigación en torno al caso Senasa, declarado de tramitación compleja. La medida busca que los fiscales presenten su requerimiento conclusivo dentro de ese período.
Durante la audiencia en la que se conoció la solicitud de medidas de coerción contra Santiago Hazim, exdirector de Senasa, y otros implicados, el magistrado confirmó la duración máxima de ocho meses para el arresto domiciliario impuesto a Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención. Además, se ordenó un embargo sobre propiedades de Read Estrella como medida de coerción real.
El tribunal precisó que el arresto domiciliario podrá ser reemplazado por una medida más severa únicamente si un tribunal competente determina que han cambiado las condiciones que motivaron su imposición. Asimismo, los imputados deberán recibir todos los permisos necesarios para atención médica u otras diligencias familiares urgentes, y el Ministerio Público deberá tramitar estas solicitudes sin demoras ni obstáculos burocráticos.
En cuanto a garantías económicas, Cinty Acosta y Heidi Mariela Pineda tienen un plazo de siete días para depositar un millón de pesos cada una mediante contrato de fianza con una compañía aseguradora. Una vez realizado el pago, podrán cumplir la medida en sus domicilios. De no hacerlo, serán trasladadas al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres hasta que se cumpla la obligación.
Por otro lado, el juez impuso 18 meses de prisión preventiva a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes cumplirán la medida en la cárcel de Najayo.
Finalmente, la resolución establece un plazo de 20 días para que las partes puedan interponer recursos de apelación, contados a partir de la notificación oficial. El juez aclaró que la entrega de la resolución por secretaría equivale a notificación formal, iniciando así los plazos legales correspondientes.
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