Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó el caso de corrupción y desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como “el más grande, siniestro y cruel”, al afectar la salud de más de ocho millones de dominicanos, especialmente personas pobres y vulnerables.
Las declaraciones se ofrecieron durante el primer Congreso de Lucha contra la Corrupción, celebrado en el hotel Catalonia. Camacho señaló que espera que todos los implicados en este entramado corrupto “se sienten en el banquillo de los acusados” para responder por los hechos descubiertos a través de la Operación Cobra.
El caso sigue abierto y podría involucrar a nuevas personas a medida que avanzan las investigaciones. Según el Ministerio Público, la operación habría sido liderada por el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros implicados, cuya medida de coerción será conocida hoy a las 2:00 de la tarde.
“Cada una de las personas que participaron en este entramado de corrupción debe responder por sus actos”, reiteró Camacho, quien recordó que se trata de uno de los casos más grandes enfrentados por la institución y “el más siniestro y cruel” por afectar un servicio esencial a la población más vulnerable.
Hasta ahora, el monto del desfalco asciende a más de 15 mil millones de pesos y podría incrementarse conforme avance el proceso. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados, que incluyen:
- Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa
- Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero
- Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico
- Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud
- Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare
Asimismo, se encuentran implicados proveedores como Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariel Pineda.
Todos son acusados de fraude millonario contra esta ARS pública, además de delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público asegura haber recopilado pruebas de sobornos a gran escala, alteración de estados financieros, creación de programas ilegales, desvío de fondos y diversas maniobras fraudulentas.
