Isabel Ciprian
Santo Domingo.– La reciente autorización del Gobierno dominicano para que Estados Unidos utilice la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con fines logísticos militares provocó un amplio rechazo entre partidos y dirigentes políticos opositores, quienes aseguran que la medida viola la Constitución y compromete la soberanía nacional.
Reacciones de la oposición
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, calificó la decisión como una violación a la carta magna dominicana y advirtió que, aunque se presenta como cooperación contra el narcotráfico, en realidad podría facilitar operaciones militares contra Venezuela y Colombia. Moreno sostuvo que esta medida compromete la neutralidad del país y contraviene tratados internacionales que promueven la no intervención y la solución pacífica de conflictos.
El dirigente recordó que República Dominicana ha sido víctima de intervenciones militares estadounidenses en el pasado y exhortó al Gobierno a revertir la autorización y a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “El país no puede ser plataforma de confrontación militar ni instrumento de intereses externos”, afirmó.
Críticas de otros partidos
El Frente Amplio también manifestó su rechazo, calificando la medida como una nueva claudicación del Gobierno ante intereses militares de Estados Unidos. La organización señaló que la autorización viola principios constitucionales y podría convertir al país en una plataforma para conflictos ajenos, especialmente ante la creciente tensión de Washington con Venezuela.
María Teresa Cabrera, dirigente del Frente Amplio, advirtió que, aunque el Gobierno presente la medida como temporal, constituye un precedente grave para la soberanía nacional. “Cada vez que la República Dominicana cede territorio, instalaciones o espacio aéreo, renuncia a una parte de su capacidad soberana”, subrayó.
Por su parte, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Méndez, consideró que el presidente Abinader ha convertido al país en “cabeza de playa para operaciones militares extranjeras”, recordando que medidas similares en el pasado han traído sometimiento e intervenciones. Méndez enfatizó que la historia demuestra los riesgos de permitir la presencia militar extranjera en el territorio dominicano y llamó al pueblo a repudiar la medida.
Llamado a la legalidad
Los partidos opositores coincidieron en que cualquier acuerdo de esta naturaleza debe cumplir con los controles constitucionales, incluyendo la autorización del Senado, y garantizar que la República Dominicana no se involucre en operaciones militares externas.
La medida del Gobierno sigue generando un intenso debate sobre la soberanía nacional, la política exterior y la relación con Estados Unidos, mientras sectores políticos y sociales exigen mayor transparencia y respeto a la Constitución.
Ana María Soto Gross
