Isabel Ciprian
Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Departamento de Justicia (DOJ) abrir una investigación formal contra las principales empresas procesadoras de carne, a las que acusa de colusión y manipulación ilícita de precios en el mercado de la carne de res.
A través de su red social Truth Social, Trump denunció que dichas compañías “en su mayoría de propiedad extranjera” estarían inflando los precios de manera injustificada, afectando a los consumidores y poniendo en riesgo la seguridad del suministro alimentario nacional.
“Aunque los precios del ganado han bajado considerablemente, los precios de la carne de vacuno siguen subiendo. Algo sospechoso está ocurriendo. Llegaremos al fondo del asunto muy pronto. Si hay criminalidad, los responsables pagarán un alto precio”, advirtió el mandatario.
Trump instó al DOJ a actuar de inmediato y garantizar que las corporaciones cárnicas “no obtengan beneficios criminales” a costa de las familias estadounidenses.
Un sector dominado por pocas compañías
La industria cárnica estadounidense está controlada por un reducido grupo de grandes empresas: Tyson Foods, Cargill, JBS USA y National Beef, que concentran la mayoría de la producción nacional de carne de res.
Economistas y analistas del sector consideran que una posible investigación por fijación de precios podría tener fuertes repercusiones económicas, desde multas millonarias hasta cambios regulatorios significativos. Dado que estas compañías son responsables de buena parte del suministro nacional, cualquier intervención judicial podría impactar directamente en los precios al consumidor y en la estabilidad del mercado.
Por su parte, representantes de la industria han rechazado las acusaciones y sostienen que el aumento de los precios responde a factores externos como el alza en los costos de alimentación, transporte, mano de obra y demanda internacional.
Implicaciones políticas y económicas
Expertos en política estadounidense interpretan el movimiento de Trump como una jugada estratégica destinada a fortalecer su imagen de defensor del consumidor y promotor de la soberanía económica nacional frente a corporaciones con capital extranjero.
De confirmarse las irregularidades, la investigación podría marcar un precedente en la regulación del sector alimentario y abrir un debate sobre el grado de concentración de poder empresarial en industrias clave para la economía de Estados Unidos.
Ana María Soto Gross
