Isabel Ciprian
Belém, Brasil. – El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó como “una matanza” la operación policial realizada la semana pasada en Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho, que dejó 121 muertos, entre ellos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías.
Durante una entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP, Lula afirmó que es necesario esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló la intervención.
“Hubo una matanza y creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió. Hasta ahora solo tenemos la versión del gobierno estatal, y hay gente que quiere saber si todo sucedió como dicen”, declaró el mandatario desde la ciudad amazónica de Belém.
Una operación bajo controversia
La incursión, ordenada por el gobernador de Río de Janeiro, el conservador Claudio Castro, fue presentada por las autoridades locales como un “éxito” en la lucha contra el narcoterrorismo. Sin embargo, las imágenes de decenas de cuerpos alineados en las calles de las favelas al día siguiente de la operación provocaron una ola de indignación tanto dentro como fuera del país.
Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron el alto número de muertes y señalaron posibles ejecuciones extrajudiciales. La ONU, por su parte, exigió una investigación inmediata e independiente para esclarecer los hechos y determinar posibles abusos policiales.
Reacción del Gobierno Federal
Aunque Lula evitó referirse directamente a las cifras de muertos en sus declaraciones iniciales, pidió una mejor coordinación entre los organismos federales y estaduales en el combate al crimen organizado.
El presidente, criticado por algunos sectores por supuestamente mostrarse blando ante la inseguridad, promulgó el jueves pasado una nueva ley para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales, buscando equilibrar su discurso entre la seguridad y los derechos humanos.
La tragedia de Río de Janeiro ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial en Brasil, un país que registra cada año miles de muertes en operaciones de seguridad, muchas de ellas en comunidades pobres.
Lula insistió en que los operativos de este tipo deben garantizar el respeto a la vida y al debido proceso:
“Ningún gobierno puede celebrar la muerte de más de cien personas sin saber exactamente qué pasó”, advirtió.
Ana María Soto Gross
