Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) juramentó ayer lunes a los nuevos integrantes de su Dirección Política y anunció la convocatoria de una gran marcha nacional para el próximo 30 de noviembre, en respaldo a las demandas sociales del pueblo dominicano ante lo que califican como una “situación de crisis e incertidumbre” que afecta al país.
La decisión fue adoptada durante la primera reunión oficial de la Dirección Política tras el proceso electoral interno del pasado 3 de octubre, en el que fueron ratificados en sus cargos Leonel Fernández como presidente del partido, Radhamés Jiménez Peña como vicepresidente y Antonio Florián como secretario general. Los tres fueron juramentados por el presidente de la Comisión Nacional Electoral, Henry Merán, junto a los demás miembros ratificados de la dirección.
En el acto también se tomó juramento a los nuevos miembros electos del organismo, entre ellos: Juan Bautista Gómez Almánzar, Jesús Antonio Féliz Féliz, Marcos Genaro Cross Sánchez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Felipe Payano, Raúl Arturo Martínez Martínez, Ángel Danilo Terrero Fortuna, Víctor José Díaz Rúa, Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada y Modesto Reyes Valentín.
Durante la reunión, la Dirección Política acordó realizar una marcha pacífica el 30 de noviembre como manifestación de apoyo a los reclamos de la población ante lo que considera una falta de respuestas efectivas del Gobierno.
La FP denunció que el país atraviesa una crisis profunda reflejada en el alto costo de la vida, el aumento de la inseguridad ciudadana, los apagones frecuentes por deficiencias en el sistema eléctrico y la escasez de agua potable en distintos sectores urbanos y rurales.
Asimismo, señaló la inestabilidad en la tasa de cambio del dólar como otro factor que genera incertidumbre entre comerciantes y empresarios, afectando la planificación económica del país.
Finalmente, la Dirección Política de Fuerza del Pueblo advirtió que estos problemas impactan directamente la calidad de vida de los dominicanos, y acusó al Gobierno de mostrar una “preocupante incapacidad para ofrecer soluciones reales y sostenibles” a las necesidades nacionales.
