Isabel Ciprian
Santo Domingo. – A más de un año de la tragedia que cobró la vida de 47 personas en San Cristóbal, familiares de las víctimas, junto a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Verdad de San Cristóbal, solicitaron formalmente a la Procuraduría General de la República que se reabra y profundice la investigación sobre lo ocurrido.
La petición fue depositada ayer martes en el despacho de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y está respaldada por un expediente de 40 páginas, el cual incluye tanto el informe final del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal como un análisis crítico que, según los firmantes, evidencia fallas y omisiones graves en la investigación inicial.
Cuestionamientos a la investigación y reclamos de justicia
En el documento, suscrito por los doctores Manuel María Mercedes, Guillermo Castro, Ángel Veras y Manuel Antonio Nina Díaz, se plantea que las autoridades no han ofrecido respuestas claras sobre los hechos ni han determinado con certeza quiénes son los verdaderos responsables.
“A pesar del dolor de los familiares, las denuncias públicas, las protestas y las pruebas documentales, el Ministerio Público ha permanecido en silencio y no ha dado una respuesta contundente”, señala el escrito.
También se acusa a las autoridades de haber perdido el control de la escena del hecho, permitiendo que esta fuera destruida y los restos, incluso humanos, desechados en un vertedero municipal, lo que —afirman— constituye una grave falta de respeto a la dignidad de las víctimas.
Exoneran a empresa señalada y piden nuevas diligencias
Tanto los familiares como las dos comisiones desligan a los propietarios de la empresa Vidal Plast de cualquier responsabilidad penal, argumentando que las pruebas e investigaciones realizadas descartan que la explosión se originara en sus instalaciones.
El análisis presentado también sostiene que el informe oficial contiene falacias y omisiones deliberadas, con el aparente objetivo de desviar la atención y proteger a los verdaderos responsables del desastre.
Citan Código Penal y acusan ocultamiento de pruebas
Los denunciantes citan el artículo 359 del Código Penal, que establece sanciones para quienes oculten cadáveres de personas fallecidas por violencia, y cuestionan el manejo de los cuerpos y las evidencias en el caso.
“Se violaron protocolos fundamentales en la gestión de un hecho tan trágico. El Ministerio Público debió dirigir cada fase de la investigación y preservar la escena. Nada de eso ocurrió”, denuncian los firmantes.
Clamor por justicia
Con esta acción legal, los familiares buscan que se retome el caso con transparencia y se sancione a los verdaderos responsables. Insisten en que no se trata solo de encontrar justicia para los fallecidos, sino de evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
Ana María Soto Gross
