Isabel Ciprian
Peravia. – La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Peravia condenó al jugador de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., al pago de RD$25,352,970 a favor de la empresa Rose Art Deco, SRL, por concepto de trabajos realizados en su villa vacacional ubicada en el municipio de Nizao.
El fallo fue emitido el 18 de septiembre de 2025, tras el tribunal acoger la demanda en cobro de pesos interpuesta por la compañía, representada por su gerente Rosa María de la Cruz, a través de los abogados Manuel Olivero Rodríguez y Fernando Gutiérrez Figuereo.
Antecedentes del caso
De acuerdo con la demanda, Guerrero Jr. se negó a pagar los servicios contratados, a pesar de que la empresa ejecutó las obras acordadas, que incluían construcción y diseño interior en la propiedad del pelotero.
En respuesta al reclamo de la empresa, Guerrero Jr. presentó una querella penal contra Rose Art Deco, alegando “trabajo pagado y no realizado”. Sin embargo, la justicia determinó que no existía responsabilidad penal por parte de la compañía ni de sus representantes, decisión ratificada posteriormente por la Corte de Apelación de San Cristóbal.
Con la reciente sentencia civil, el tribunal reconoció la validez y cumplimiento del contrato por parte de la empresa y ordenó el pago total del monto adeudado por los servicios prestados.
Reacción de la empresa
La gerente de Rose Art Deco, Rosa María de la Cruz, expresó su satisfacción con la decisión judicial, señalando que representa una reivindicación para su empresa tras varios años de litigio.
“Hoy me siento tranquila porque el Tribunal reconoció que el señor Vladimir Guerrero Jr. jugó con nuestro trabajo, sudor y esfuerzo, utilizando como mecanismo para no pagarnos la presentación de una querella penal. Salimos descargados y ahora esperamos que cumpla con el pago que nos adeuda”, declaró De la Cruz.
La empresaria también agradeció a sus abogados por su labor durante el proceso y consideró que este fallo establece un precedente importante en defensa de los derechos de las pequeñas y medianas empresas, especialmente frente a incumplimientos por parte de figuras con poder económico.
