San Juan.– Un tribunal del municipio Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan, condenó a 12 años de prisión a Samuel Quevedo Díaz, alias Dauris, tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a una adolescente de 16 años entre los años 2021 y 2022.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la comunidad El Naranjo, donde la víctima residía junto a su abuela. Fue la propia menor quien, con valentía, decidió revelar lo sucedido a su madre, quien inmediatamente procedió a presentar la denuncia ante la Fiscalía.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó evidencias suficientes que permitieron establecer la culpabilidad del acusado. El tribunal determinó que los hechos constituyen una violación al Código Penal dominicano y a la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Como parte de la sentencia, el condenado deberá cumplir la pena en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.
Apoyo y denuncia: claves en la protección de la niñez
Este caso resalta la importancia de generar entornos seguros donde los menores de edad puedan expresarse con libertad y confianza, así como el papel crucial de la familia en detectar y denunciar situaciones de abuso.
Las autoridades enfatizaron que el acompañamiento emocional y legal a las víctimas es esencial para romper el silencio y garantizar el acceso a la justicia. También reiteraron su compromiso con la aplicación estricta de las leyes de protección infantil, asegurando que no habrá impunidad frente a delitos contra menores.
Instituciones como el Ministerio Público, en coordinación con organismos especializados en la atención a la niñez, continúan trabajando para fortalecer los canales de denuncia, brindar atención psicológica y garantizar protección integral a las víctimas de violencia.
Un llamado a la sociedad
La sociedad también tiene un rol fundamental en la prevención de estos delitos: educar sobre el respeto, los límites y los derechos de niños, niñas y adolescentes; estar atentos a señales de alerta, y fomentar una cultura de protección desde el hogar, la escuela y la comunidad.
Las autoridades instan a los padres, madres y tutores a mantener una comunicación abierta con los menores, y a actuar con responsabilidad y prontitud ante cualquier indicio de abuso.
Detectar a tiempo puede salvar vidas. Proteger a la infancia es una responsabilidad compartida.
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