Paola Paulino
Baní, provincia Peravia. — El abogado Jorge De Los Santos, representante legal de la señora Vicenta Made y su hijo Richard Santana, anunció que procederá a embargar las cuentas de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Baní y las del titular de esa institución, tras el supuesto incumplimiento de una sentencia judicial firme que ordena restituir a su clienta el local comercial del cual fue desalojada.
La acción judicial surge luego de que la familia denunciara que fue desalojada de manera irregular del inmueble ubicado en la calle Máximo Gómez número 1, donde funcionaba un pequeño restaurante propiedad de la señora Madel, quien afirma ser la dueña mayoritaria del local y contar con dos decisiones judiciales que reconocen su derecho de posesión.
De acuerdo con el abogado De Loisa Santos, el desalojo fue ejecutado de forma “arbitraria e improcedente” por un fiscal identificado como Melo, encargado del área de Ejecución de la Procuraduría Fiscal de Peravia.
“El procedimiento fue un abuso, una arbitrariedad y una vergüenza nacional. Se hizo violando los mecanismos legales que regulan el uso de la fuerza pública, sin orden judicial válida y en perjuicio directo de mi representada”, sostuvo el jurista.
El abogado explicó que la primera decisión judicial favorable fue emitida en febrero de 2025, y una segunda, dictada en julio del mismo año, impuso una condena al pago de 30 mil pesos diarios por cada día de incumplimiento del fallo. Sin embargo, aseguró que las autoridades del Ministerio Público han ignorado las órdenes judiciales, manteniendo la ocupación del local por terceros.
“Ante el desacato persistente, procederemos al embargo de las cuentas bancarias de la Procuraduría Fiscal de Baní, así como de los fondos personales del titular y del fiscal actuante, hasta que se cumpla la sentencia. Las decisiones judiciales están para respetarse, y esta situación no puede continuar en impunidad”, advirtió.
Por su parte, Richard Santana, hijo de la afectada, expresó que su madre ha vivido “una injusticia dolorosa”, pues a pesar de tener más del 50% de la propiedad, fue desalojada sin previo aviso ni notificación legal. “Entregaron las llaves del negocio a otra persona, mientras mi mamá sigue esperando que se cumpla la orden de restitución”, dijo.
La señora Vicenta Madel relató que el conflicto se originó tras la muerte de su esposo, cuando algunos familiares reclamaron una parte del inmueble que —según afirma— ella compró hace más de 20 años. “Yo tengo todos los recibos de pago y las sentencias me dan la razón. Lo único que pido es justicia”, expresó con evidente tristeza.
El abogado Jorge De Los Santos concluyó señalando que, si no se cumple la decisión judicial, el caso será elevado formalmente ante la Procuraduría General de la República, bajo responsabilidad directa de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, para que se investigue el alegado abuso de autoridad.
Ana María Soto Gross
