Isabel Ciprian
SANTO DOMINGO.— Fingía ser esposo, primo o tío de personas vivas. Luego las declaraba muertas. Todo para evitar saldar préstamos que él mismo les ofrecía. Así operaba Máximo Mendoza, arrestado en Mao, provincia Valverde, por falsificar certificados de defunción y documentos oficiales, en un esquema que el Ministerio Público califica como «cruel, sistemático y dirigido a víctimas vulnerables».
Por estos hechos, cometidos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la Procuraduría solicitó un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a su gravedad y alcance.
Según las investigaciones, Mendoza falsificó al menos seis defunciones usando formularios del Ministerio de Salud Pública y de la Junta Central Electoral (JCE), valiéndose de médicos pasantes sin exequátur que trabajaban en las Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Mao y Esperanza.
Víctimas pobres, préstamos pequeños y tarjetas sociales como garantía
El esquema iniciaba con la oferta de préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000 a personas de escasos recursos, quienes muchas veces usaban sus tarjetas de ayuda social valoradas en RD$2,100 mensuales como forma de pago.
Cuando no podían cumplir con el compromiso, Mendoza suplantaba su identidad y registraba su supuesta muerte, impidiendo así que le exigieran el pago.
Las autoridades aseguran que el imputado actuaba con frialdad. Incluso, simulaba dolor físico y emocional al presentarse en los centros médicos para dar credibilidad a las falsas defunciones.
Uso de documentos falsos y daño al sistema de salud
El Ministerio Público sostiene que Mendoza incurrió en falsificación de documentos públicos y suplantación de identidad, en violación del Código Penal Dominicano y del artículo 208 de la Ley No. 4-23 sobre los Actos del Estado Civil.
Debido al número de víctimas, la reiteración delictiva, el uso de medios oficiales y el impacto en el sistema de salud y registro civil, los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez y Esther María González Peguero pidieron al tribunal que el proceso sea tratado como un caso complejo.
Audiencia aplazada para el 12 de septiembre
Durante la audiencia celebrada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, presidida por la jueza Yiberty Polanco Herrán, la defensa del imputado solicitó un aplazamiento, que fue acogido. La vista fue reprogramada para el viernes 12 de septiembre a las 9:00 a.m.
La investigación cuenta con el respaldo del Dicrim y la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral, instituciones clave para desenmarañar este caso de fraude que pone en evidencia vacíos en los controles de verificación de identidad y defunciones en el país.
Ana María Soto Gross
