Ciudadano con discapacidad en Baní denuncia desalojo injustificado de su negocio por parte de Medio Ambiente

Baní, Peravia – Un residente de la comunidad Villa Güera, en la provincia Peravia, denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales demolió su puesto de venta de comida sin previo aviso ni justificación legal aparente. El afectado, quien sufre de movilidad reducida a causa de un accidente, aseguró que el espacio donde operaba su negocio le fue cedido de forma legal por el propietario del terreno, como una forma de ayudarlo a generar ingresos y mantener a su familia.

El pequeño local estaba ubicado junto al puente de la comunidad, un punto estratégico por el flujo constante de personas. Según relata el afectado en un video que circula en redes sociales, nunca fue notificado de forma oficial sobre alguna irregularidad, ni se le ofreció oportunidad de regularizar su situación antes de que las autoridades procedieran con la demolición.

De acuerdo con el testimonio del ciudadano, la acción estaría motivada por presuntos intereses personales. Acusó directamente a una empleada de la oficina provincial de Medio Ambiente, quien —según dijo— tiene una familiar que opera un negocio similar en las cercanías, lo que podría representar un claro conflicto de intereses.

Su hermana, visiblemente afectada, también ofreció declaraciones públicas en las que hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga ante este tipo de atropellos. Pidió especial atención a los casos de ciudadanos vulnerables, como su hermano, quien depende de ese negocio para sobrevivir, al no contar con otras fuentes de ingreso ni ayudas sociales.

“Pedimos al presidente que mire hacia esta comunidad. No es justo que una persona con discapacidad, que lo único que quiere es trabajar dignamente, sea tratada de esta manera”, expresó con lágrimas en los ojos.

Hasta el momento, el Ministerio de Medio Ambiente no ha ofrecido una declaración oficial sobre este caso. La comunidad de Villa Güera ha manifestado su solidaridad con el afectado y exige respuestas claras sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo.