Isabel Ciprian
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, concluyó ayer miércoles la audiencia sobre las medidas de coerción solicitadas contra los presuntos miembros de una red de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo. La decisión será dada a conocer este jueves a las 6:00 de la tarde.
Durante tres jornadas de audiencia, el tribunal escuchó los alegatos, réplicas y contrarréplicas entre el Ministerio Público y las defensas de los acusados. La Procuraduría sostiene que la red operaba mediante el pago sistemático de sobornos en instituciones estatales para favorecer contrataciones, evadir controles y acelerar pagos por servicios de seguridad privada.
Una empresa como eje del esquema ilícito
Según la solicitud presentada por el Ministerio Público, la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, SRL habría servido como vehículo para canalizar los pagos ilegales a funcionarios de entidades como EDESUR, EDENORTE, SENASA, INAIPI y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Se estima que el desfalco supera los 100 millones de pesos, acumulado durante un período de cinco años.
Uno de los métodos utilizados por la red consistía en retrasar intencionalmente pagos y luego exigir sobornos para su liberación, revelaron las autoridades.
De los 10 acusados, cinco han llegado a acuerdos de colaboración con el Ministerio Público, incluyendo un exempleado de SENASA que habría recibido sobornos durante ocho meses por un monto inferior al millón y medio de pesos. En contraste, los demás imputados decidieron no colaborar y continúan enfrentando la acusación sin acuerdos.
Durante la audiencia, también se reveló que uno de los implicados utilizaba su empresa para realizar transferencias directas a encargados de seguridad, utilizando cuentas bancarias proporcionadas por los propios beneficiarios de los pagos ilegales.
El Ministerio Público solicitó al juez la imposición de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de la red y la gravedad de los hechos. La decisión judicial se conocerá este jueves, y marcará el rumbo de uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes en lo que va de año.
Ana María Soto Gross
