Isabel Ciprian
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su respaldo a la instalación de cámaras de videovigilancia en los centros educativos del país, pero pidió la creación urgente de un reglamento nacional que regule su uso y proteja los derechos de la comunidad escolar.
La postura del gremio magisterial ha sido bien recibida por varios padres del Gran Santo Domingo, quienes consideran que esta medida puede contribuir a esclarecer conflictos en las escuelas y reforzar la seguridad, siempre y cuando se respeten normas claras sobre el acceso y manejo de las grabaciones.
“Las autoridades y personas seleccionadas son las únicas que deberían ver esos videos. Puede ser la policía escolar o la directora del centro”, opinó uno de los padres consultados.
La ADP planteó que el reglamento debe construirse de manera participativa, con la intervención del Ministerio de Educación, las asociaciones de padres y amigos de la escuela, así como representantes de la sociedad civil. Además, propuso la creación de una mesa de diálogo que incluya al Defensor del Pueblo, UNICEF y otros actores sociales relevantes.
El gremio docente dejó claro que no se opone a la videovigilancia, siempre que esta no vulnere el derecho a la intimidad de maestros y estudiantes, ni se utilice para criminalizar al personal educativo.
Padres consultados coincidieron con la ADP en que deben establecerse sanciones precisas ante el uso indebido de las imágenes, para evitar violaciones a la privacidad o manipulaciones que afecten la convivencia escolar.
