Isabel Ciprian
Ni la Constitución de la República, ni la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, ni múltiples circulares y resoluciones fueron suficientes. Fue necesaria una advertencia directa a la Procuraduría General de la República para que cientos de funcionarios municipales se animaran finalmente a cumplir con su deber legal de declarar su patrimonio.
La Cámara de Cuentas remitió el pasado 25 de abril de 2025 un informe a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, en el que se revela que más de 3,200 funcionarios municipales, tanto entrantes como salientes, incumplieron con la entrega de su declaración jurada en los plazos establecidos por la ley. La cifra desglosa a 1,591 electos o reelectos y 1,644 salientes o cesantes que no presentaron sus documentos en el tiempo correspondiente.
En la comunicación, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, no solo presentó los números, sino que advirtió que podrían existir más funcionarios en incumplimiento, cuya información aún no ha sido debidamente confirmada por el organismo.
La presión que funcionó: el temor a la Pepca
La remisión del expediente completo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue el punto de inflexión. Apenas trascendió que los nombres serían enviados al Ministerio Público, funcionarios que llevaban más de 16 meses en mora comenzaron a regularizar su situación.
De hecho, antes de la carta, solo 19 funcionarios habían presentado su declaración de forma extemporánea, según el mismo informe: tres alcaldes, dos vicealcaldes, seis regidores, un director municipal y siete vocales. La cifra empezó a crecer únicamente tras la intervención de la Pepca, lo que demuestra que la amenaza de consecuencias penales sí genera reacción.
Obligación constitucional y legal
La Ley 311-14 establece que los funcionarios deben presentar su declaración jurada dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, o al momento de cesar en el cargo. El incumplimiento puede ser sancionado penalmente con multas, inhabilitación e incluso cárcel, dependiendo de la gravedad del caso.
Sin embargo, el alto nivel de incumplimiento pone en evidencia la debilidad del sistema de fiscalización patrimonial en el país, y la necesidad de acciones más firmes por parte del Ministerio Público para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Próximos pasos
Con el expediente en manos del Ministerio Público, se espera que la Pepca abra procesos investigativos o judiciales contra los incumplidores, lo que podría marcar un nuevo precedente en la lucha contra la corrupción y la opacidad en la administración municipal.
Mientras tanto, el informe ha servido como una llamada de atención: en República Dominicana, la rendición de cuentas todavía necesita del “cuco legal” para hacerse cumplir.
Ana María Soto Gross
