El presidente Luis Abinader firmó ayer el decreto 76-25, que establece la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción dentro de la administración pública. Esta acción sigue a diversas denuncias de corrupción que han llegado desde distintas provincias del país, aunque el mandatario no especificó cuáles, ni brindó detalles adicionales sobre los casos.
Abinader expresó que las denuncias abarcan tanto niveles bajos como altos de la administración pública y que el gobierno tiene que actuar en todos los frentes para erradicar este flagelo. “Hemos tenido denuncias en las provincias, que van más allá, y que tenemos que ir a los niveles altos, medios y de contacto territorial”, dijo el presidente durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.
El mandatario resaltó que la creación de esta comisión tiene como fin hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Aseguró que la corrupción ha tenido un impacto negativo en la estabilidad y el desarrollo institucional del país.
La nueva comisión tendrá la responsabilidad de implementar estrategias de prevención, auditorías y recuperación de activos ilícitos, entre otras acciones. Abinader destacó que será coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y que Contrataciones Públicas se encargará de su dirección ejecutiva.
Entre las acciones que realizará la comisión se incluyen la supervisión de las compras y contrataciones del Estado, la creación de un observatorio de transparencia y el fortalecimiento del sistema nacional de denuncias de corrupción. “Es un mayor sistema de respeto institucional y de transparencia. Todo es ganar-ganar en una lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción”, concluyó el presidente.
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