Isabel Ciprian
Un total de 65 acciones legales, entre querellas y denuncias, han sido presentadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo del establecimiento que provocó la muerte de 236 personas y dejó a más de 180 heridas.
Estas acciones legales han surgido mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso, incluyendo el interrogatorio a familiares de las víctimas y a sobrevivientes del trágico suceso.
De acuerdo con una fuente cercana a la investigación, hasta el momento se han registrado 22 querellas formales en el departamento del Sistema de Atención al Ciudadano de la Fiscalía, así como 43 denuncias adicionales presentadas por afectados y familiares.
Reclamos millonarios por negligencia
Entre las más recientes querellas figura la presentada por el abogado Jean Cristofer Pérez, en representación de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, quienes perdieron a su madre, Lirisset Ventura Brito, el pasado 8 de abril. Las demandantes reclaman una indemnización de 100 millones de pesos por daños y perjuicios.
Según el abogado Pérez, los hechos constituyen un caso claro de homicidio involuntario por negligencia, tipificado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano.
En su declaración, Pérez responsabilizó tanto al Estado dominicano como a la Alcaldía del Distrito Nacional por no cumplir con su deber de garantizar la seguridad ciudadana. “Fallaron en su responsabilidad constitucional y legal al no fiscalizar ni supervisar establecimientos de alta concurrencia como Jet Set. Esa omisión facilitó esta tragedia”, afirmó.
Asimismo, argumentó que esta inacción vulneró el artículo 8 de la Constitución dominicana, al no proteger adecuadamente los derechos fundamentales a la vida y la seguridad. También acusó a la Alcaldía de incumplir con los mandatos establecidos en la Ley 176-07 sobre la gestión municipal.
Análisis técnico en curso
Paralelamente, la investigación técnica avanza con la participación de un perito estadounidense, quien se encuentra en el país para analizar los escombros del techo junto con dos expertos dominicanos. Esta evaluación será clave para determinar las causas del colapso estructural y posibles responsabilidades técnicas.
Las querellas y denuncias han sido dirigidas contra los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, así como contra su empresa Inversiones E y L, S.R.L. Además, se ha incluido al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional como corresponsables por presunta negligencia en sus deberes de control y supervisión.
Ana María Soto Gross
