Isabel Ciprian
Más de 300 militares fueron desplegados la mañana de ayer miércoles en la comunidad de Zambrana, provincia Sánchez Ramírez, para permitir que continúen los trabajos de desmonte en la cabecera del río El Naranjo, única fuente de agua potable para al menos seis comunidades de la zona.
La acción, que forma parte de los trabajos de construcción de una segunda presa de colas y una carretera por parte de la empresa Barrick Gold, ha desatado un conflicto con los residentes, quienes denuncian graves daños al medio ambiente, amenazas a la producción agrícola y represión por parte de las autoridades.
“Estamos defendiendo el río”
Con pancartas, campamentos improvisados y resistencia pacífica, decenas de comunitarios se mantienen en el lugar para impedir la continuación del proyecto. “Estamos defendiendo aquí nuestro río, tenemos los militares ya aquí, ya ustedes saben”, expresó Concepción Sosa, residente de la comunidad.
Otro manifestante, identificado como Norberto, explicó que han logrado detener temporalmente los trabajos: “Logramos que sacaran los aparatos porque nos están afectando directamente”.
Según los habitantes de El Rayo, una de las comunidades afectadas, la carretera que pretende construirse pasa a apenas 15 metros del cauce del río, lo que incrementa el temor de que se contamine o desaparezca la fuente de agua.
Durante la jornada de protestas, al menos cuatro personas fueron detenidas, incluyendo una mujer de 78 años de edad, quienes fueron liberadas horas después. El último detenido fue liberado el miércoles por la tarde. Los manifestantes también denunciaron que los militares les arrebataron teléfonos celulares, y que fueron agredidos sin justificación, según declaraciones de los afectados.
Un conflicto prolongado y sin avances
La oposición comunitaria al proyecto minero no es nueva. Desde hace años, residentes de Cotuí y zonas aledañas rechazan la expansión de Barrick Gold por considerar que pone en riesgo sus fuentes de agua, bosques nativos y cultivos de cacao, esenciales para su economía.
Bernardo Paulino, residente de Zambrana, lamentó la indiferencia de las autoridades: “A nosotros ninguna autoridad nos ha querido escuchar: ni Medio Ambiente, ni Energía y Minas, ni la Procuraduría, ni nuestros legisladores. Estamos huérfanos de autoridad”.
Las comunidades demandan que se detenga la construcción de la presa de colas y que se garantice la preservación del río El Naranjo, considerado vital para el consumo humano y el riego agrícola.
Ana María Soto Gross
