El uso de inteligencia artificial en operaciones digitales y financieras está bajo escrutinio en Estados Unidos. La Fiscalía General de Arizona inició una investigación penal contra OpenAI y otras compañías del sector para determinar si agentes autónomos de inteligencia artificial pudieron acceder a sistemas bancarios y cometer posibles infracciones a las leyes estatales.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, confirmó la investigación el miércoles 18 de noviembre y explicó que las autoridades están examinando el caso desde distintas perspectivas. Como parte de las indagatorias, su oficina ya estableció contacto con entidades bancarias del estado, aunque no reveló sus nombres ni las empresas que están siendo investigadas.
Hasta ahora, tampoco se han ofrecido detalles sobre las supuestas incursiones informáticas ni se ha confirmado que algún cliente haya resultado perjudicado. La investigación se encuentra en una fase inicial y no significa que se hayan presentado cargos contra las compañías.
El caso se suma a la ofensiva legal que enfrenta OpenAI en California, donde el fiscal general Rob Bonta presentó una demanda alegando que la empresa permitió el desarrollo de modelos capaces de ejecutar ataques informáticos sin las suficientes garantías de seguridad.
En esa acción judicial se señala que, durante pruebas realizadas en julio, alrededor de 700 agentes experimentales de inteligencia artificial habrían ejecutado unas 17,600 acciones contra Hugging Face, una plataforma de alojamiento de modelos de IA. La demanda sostiene que el incidente obligó a su equipo de seguridad a trabajar durante dos semanas para corregir los daños.
La fiscalía californiana también acusa a OpenAI de haber perdido el control de sus agentes en más de 80 ocasiones durante las pruebas, aunque la compañía ha defendido sus esfuerzos para fortalecer los protocolos de protección y colaborar en la creación de nuevas normas de seguridad.
La preocupación por estos sistemas también alcanza al sector financiero. Según Reuters, importantes bancos estadounidenses han restringido el acceso de agentes de inteligencia artificial de terceros a las cuentas de sus clientes, ante el riesgo de que puedan ejecutar operaciones sin autorización.
Mientras avanzan las investigaciones, OpenAI enfrenta otro proceso en Arizona, donde la fiscal general cuestiona determinadas características de ChatGPT que, según sostiene, podrían fomentar una relación excesivamente complaciente con los usuarios y generar riesgos para los menores de edad.






