Isabel Ciprian
La Embajada de la República Popular China en República Dominicana expresó su desacuerdo con las declaraciones de un funcionario de Estados Unidos sobre el cierre de una fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo y que, según las informaciones, era administrada por ciudadanos chinos.
Mediante un comunicado, la representación diplomática consideró que el caso corresponde a una actuación de las autoridades dominicanas en el ejercicio de sus funciones y cuestionó que Washington se pronunciara sobre el tema. A su juicio, Estados Unidos intenta utilizar el incidente para generar tensiones en las relaciones entre China y República Dominicana.
La embajada sostuvo que el cumplimiento de las leyes dentro del territorio dominicano es un asunto exclusivo del Estado y que no requiere la aprobación ni las felicitaciones de gobiernos extranjeros. También defendió que los vínculos comerciales entre China y República Dominicana se desarrollan bajo principios de transparencia y beneficio mutuo. En ese contexto, exhortó a los funcionarios estadounidenses a concentrarse en acciones que contribuyan al desarrollo de la región y evitar lo que calificó como manipulaciones políticas mediante declaraciones públicas.
El pronunciamiento estadounidense
La reacción de China se produjo luego de que Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, felicitara al Gobierno dominicano por ordenar el cierre de la instalación.
A través de una publicación en la red social X, el funcionario señaló que no deben permitirse operaciones comerciales sin los permisos correspondientes, depósitos ilegales de combustible ni prácticas que vulneren las leyes laborales mediante la contratación irregular de trabajadores extranjeros. Segura también afirmó que la cooperación económica debe sustentarse en la transparencia, la competencia justa y el respeto al Estado de derecho.
China defiende a su comunidad empresarial
En su declaración, la embajada reiteró que el Gobierno chino exige a sus ciudadanos y empresas establecidos en el extranjero cumplir las legislaciones de los países donde operan. Asimismo, manifestó su respeto a las actuaciones legales de las autoridades dominicanas, pero aseguró que continuará defendiendo los derechos e intereses de sus nacionales y compañías.
La representación diplomática agregó que la mayoría de las empresas de capital chino instaladas en República Dominicana desarrolla sus actividades conforme a las leyes y contribuye a la generación de empleos. Finalmente, advirtió que no permitirá que un caso particular sea utilizado para generalizar acusaciones ni para estigmatizar o afectar la imagen de la comunidad china en el país.
Ana María Soto Gross
