Ana María Soto Gross
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó a los organismos de seguridad a no detener a ninguna persona sin una orden judicial, excepto en casos de flagrante delito, y aseguró que el ejercicio de la política y la libertad de pensamiento deben estar garantizados en el país.
Durante un breve mensaje a la nación, Rodríguez afirmó que los ciudadanos tienen derecho a expresar opiniones diferentes sin temor a represalias. Sus declaraciones se produjeron poco antes de que la dirigente opositora María Corina Machado sostuviera un encuentro con los medios de comunicación tras su esperado regreso.
La mandataria también reiteró que las manifestaciones pacíficas constituyen un derecho constitucional, siempre que se respete la integridad física y moral de los funcionarios de seguridad.
Amnistía y liberación de presos políticos
Las medidas forman parte de un proceso de transformación institucional impulsado por Rodríguez desde que asumió la jefatura del Estado, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.
En ese contexto, el Gobierno ha anunciado la liberación de presos políticos, cambios en el sistema de justicia y una flexibilización de las restricciones relacionadas con la actividad política, en medio de cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales por presuntas detenciones arbitrarias y prácticas represivas.
Rodríguez señaló que la ley de amnistía presentada ante el Parlamento ha beneficiado a cerca de 9,000 personas. Asimismo, indicó que más de 1,000 personas han recuperado la libertad como resultado de la aplicación de esta normativa y de otros mecanismos.
Gobierno propone reformar la ley contra el odio
La presidenta encargada también volvió a plantear la necesidad de reformar la ley contra el odio, al reconocer que esta normativa ha sido utilizada de manera abusiva.
En ese sentido, instó al Parlamento a desarrollar un proceso amplio de consultas para revisar el instrumento legal y avanzar en su modificación.
Rodríguez explicó que, una vez aprobada la reforma, el sistema de justicia deberá revisar los expedientes de las personas procesadas bajo esa legislación.
Las medidas anunciadas se producen en un escenario de cambios políticos en Venezuela, marcado por las presiones internacionales y las demandas de garantías para los derechos fundamentales, la participación política y el respeto al debido proceso.
Isabel Ciprian
